El PP endurece el control sobre la Renta Social Básica
- Cantabria
David Laguillo
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- Esta renta la reciben los más débiles económicamente
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales del gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado este lunes varios cambios en la regulación de la Renta Social Básica, que se aplicarán en Cantabria una vez sean aprobados dentro del conjunto de medidas del Plan de Sostenibilidad del Gobierno de Cantabria.
En la práctica estos cambios aumentan el control y la regulación para acceder a esta Renta Social Básica, porque se ha localizado a más de 800 personas que cobraban indebidamente esta renta.
Buruaga afirma que el objetivo es «garantizar el acceso y percepción de la Renta Social Básica a quienes verdaderamente lo necesitan» y, por otro lado, promover la inclusión social, que es el objetivo inicial de la ayuda.
La vicepresidenta reitera que ningún beneficiario actual de la ayuda la perderá con la nueva normativa ni verá reducida su cuantía, ya que únicamente afecta a los nuevos preceptores y a los expedientes en tramitación, pero los actuales beneficiarios sí deberán cumplir los requisitos que establezca la reforma para el mantenimiento de la ayuda.
Sáenz de Buruaga ha explicado que los cambios normativos se refieren principalmente a la cuantía de la prestación, a su devengo y a la duración de la misma.
Así, se mantendrá en el 80% del IPREM la cuantía de la Renta Social Básica, lo que equivale a 426 euros mensuales por persona, que se puede ir incrementando en función del número de miembros de la unidad perceptora hasta el importe máximo equivalente al 125% del IPREM.
No obstante, «se enmendará un sinsentido que ha generado multitud de agravios entre los beneficiarios» y, así, se suprimirá el importe mínimo, que establece la actual regulación, del 25% del IPREM (133 euros).
Personas que tengan alguna fuente complementaria de ingresos, como puede ser, por ejemplo, 400 euros como consecuencia de su trabajo, recibirían 533 euros, por el importe mínimo que se establece. «Un hecho que coloca en una situación de injusta desigualdad a unos preceptores frente a otros».
«Lo que tiene que hacer la administración es obligarse a responder con prontitud y agilidad que es lo que necesitan las personas en situación de necesidad. Por eso, si en el plazo máximo de seis meses no ha resuelto, se abonará la prestación desde ese momento», ha precisado.
La duración de la ayuda es otro de los elementos que se someterá a un mayor control con la nueva regulación. La Renta Social Básica se concederá por un periodo de 24 meses, renovable previa solicitud del interesado, mientras se mantengan las causas de la concesión.
Obligaciones y requisitos
Los preceptores de la Renta Social Básica, con la nueva normativa, deberán tener la residencia legal y empadronamiento en Cantabria, durante al menos los doce meses previos a la solicitud de la prestación. Además, deberá estar inscrito como demandante de empleo, salvo en el caso de los pensionistas por invalidez y los mayores de sesenta años.
Además, no podrán ser titulares de la ayuda o integrantes de la unidad perceptora las personas que sean usuarias, con carácter permanente, de un servicio residencial social o sociosanitario en plaza financiada con fondos públicos o las personas internas en establecimientos penitenciarios.
En lo que se refiere a las obligaciones, los titulares de la Renta Social Básica deberán destinar la prestación a la cobertura de las necesidades básicas, a no ejercer o inducir al ejercicio de la mendicidad a ninguno de los miembros de la unidad perceptora y a acreditar la permanencia en la Comunidad Autónoma durante al menos el 90% de los días de cada semestre.
«Solo así podremos evitar que una misma persona cobre la Renta Social Básica en varias comunidades autónomas al mismo tiempo o que la cobre alegando no tener ingresos para después marcharse a trabajar a otras regiones».
Según ha explicado Sáenz de Buruaga la intensificación en el control ya ha permitido, sin ningún cambio en la regulación, detectar 860 casos de personas que cobraban indebidamente esta prestación en Cantabria.
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