El gobierno de España ha presentado un Plan que tiene como objetivo luchar contra la economía sumergida y el fraude. Entre otras medidas, se contempla la limitación de los pagos en efectivo y la obligación de declarar cuentas y patrimonio radicado en el extranjero.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que entre esas medidas está la limitación de los pagos en efectivo a 2.500 euros en operaciones donde participen empresarios o profesionales y la obligación de los contribuyentes de declarar el patrimonio que tengan en el extranjero.
También, la nueva norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias por delito fiscal o por expedientes de inspección ante la Agencia Tributaria, en las que el deudor se coloca en una situación de insolvencia y evita su cobro.
La futura ley, ha dicho, «establece la posibilidad de que la Agencia Tributaria, desde el primer momento, pueda adoptar medidas cautelares que eviten que el deudor se coloque en situación de insolvencia o acometa un alzamiento de bienes para que la Agencia no pueda cobrar».
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