El Partido Popular responsabiliza al Gobierno de Cantabria por no dar solución a las sentencias de derribo y pedirá explicaciones al Consejero de Sanidad porque los farmacéuticos tendrán que adelantar el pago de las facturas farmaceúticas
- Cantabria
David Laguillo
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El Partido Popular responsabilizó al Gobierno de Cantabria «por no poner en práctica ni una sola medida eficaz para resolver el problema de las sentencias de derribo de viviendas, pese a que los tres grupos del Parlamento regional se lo pidieron en votación unánime en diciembre de 2007».
«La pasividad del Gobierno deja a los ayuntamientos absolutamente solos ante la decisión de tirar los hogares de sus vecinos, que son personas inocentes que adquirieron de buena fe sus viviendas», señaló la secretaria general, María José Sáenz de Buruaga. «Revilla no tiene ninguna intención de solucionar las sentencias de derribo, porque lleva 14 años dirigiendo el urbanismo de Cantabria y no ha dado señales de preocuparse seriamente por buscar salidas a este problema», dijo. «Después de 14 años de responsabilidad política, no se puede mirar hacia otro lado y lavarse las manos como hace el Presidente», afirmó Buruaga.
«El Gobierno regional es corresponsable de esas situaciones jurídicas, como ponen de manifiesto prácticamente todas las sentencias, y por tanto tiene que hacerse corresponsable de dar soluciones, pero se le está pasando la legislatura sin que tome medidas concretas que supongan un alivio para los afectados», añadió.
«Mientras el mundo judicial y municipal miraba al poder ejecutivo autonómico para ver si ofrecía soluciones como las que el Parlamento le demandó hace más de un año, el Gobierno de Revilla sólo estaba dejando pasar el tiempo y elaborando estudios que no concluyen en ninguna acción práctica para los afectados», recordó Sáenz de Buruaga, quien exigió al Ejecutivo cántabro «que cumpla el deseo del Parlamento y aporte soluciones reales y urgentes».
La secretaria general manifestó su apoyo político al alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, «cuya conducta estamos seguros de que tiene como norte el bienestar de sus vecinos, los sentimientos humanitarios y el respeto a la legalidad».
La diputada regional del PP María José Saenz de Buruaga, afirmó hoy en rueda de prensa que el Gobierno regional está poniendo en riesgo la adecuada atención farmacéutica a la población al no hacer frente, dentro de los plazos previstos, al pago de las facturas que el Ejecutivo está obligado a asumir.
Saenz de Buruaga, se preguntó «qué va a ocurrir con la factura del mes de marzo» que los farmacéuticos han de cobrar de la Administración en el mes de abril y que ésta «aduce que no puede pagar».
Para el PP se trata de un «grave incumplimiento» del concierto que el Gobierno de Cantabria firmó con el colegio de farmacéuticos y que entró en vigor en enero de 2008, por el que la Administración se comprometía al pago de la facturación en el mes siguiente a la emisión de las facturas.
«Sabemos que los farmacéuticos no cobrarán el cien por cien de la factura como está estipulado, sino el 50%, deslizando el resto al mes posterior», apuntó Saenz de Buruaga y preguntándose «cuánto se va a prolongar esta situación».
El incumplimiento por parte de la Administración, de sus obligaciones de pago pone con la «soga al cuello» a más de 250 «pequeños empresarios» a los que «obliga» a buscar vías de financiación. Las consecuencias para la población pueden traducirse en una «posible pérdida de la calidad en la prestación».
«¿Qué ocurriría si los farmacéuticos compraran menos y no garantizarán el suministro o si sólo dispensaran medicamentos previo pago? Será la «generosidad», «profesionalidad» y «responsabilidad» de los farmacéuticos la que impida que se produzcan esas situaciones.
Por todo ello, el PP presentará una interpelación al Gobierno regional para que explique cual es el origen de esta «inaceptable» situación que lleva a que «los farmacéuticos financian al Gobierno los medicamentos, mientras la Administración no paga».
«El Gobierno regional, pese a su discurso de que no se iban consentir recortes sociales, ahora mete la tijera en el capítulo más preferente y prioritario para la población, el de la atención sanitaria».
Finalmente, Buruaga criticó al consejero de Sanidad, Luis María Truan, por ser «incapaz de defender su política, su presupuesto y los acuerdos que firma» y al presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, por «no dar un golpe encima de la mesa» para decir «recortes aquí, recortes en esto no».
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