

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, valoró ayer como «enormemente positiva» la reunión mantenida con los consejeros de las comunidades autónomas para tratar la reforma de las políticas activas de empleo. En esta reforma, se llevaría a cabo un trasvase de fondos de formación de ocupados para la formación de desempleados. Gómez recordó que actualmente el 60% de estos fondos son para los que tienen trabajo, pero fueron establecidos cuando España tenía una tasa de paro de tan sólo el 8 por ciento. Ahora, con una tasa de paro de más de un 19 por ciento, el ministro considera conveniente equilibrar esa distribución de fondos.
Para Valeriano Gómez es imprescindible hacer participe a las comunidades en el diseño de la nueva regulación. Se trata de conformar «una política de Estado con quienes disponen de plena legitimidad, al ser las encargadas de su aplicación». Según el ministro, España cuenta con un buen sistema de protección por desempleo, pero necesita «un diseño en profundidad de las acciones para ayudar a salir de esa situación en el menor tiempo posible. Un nuevo marco legal, nuevas prioridades, programas que redistribuyan los fondos y que respondan mejor frente a la nueva economía».
Para el ministro se trata de prestar mayor atención al desempleado, un seguimiento individualizado, y unos servicios de empleo que sean tutores de su reinserción laboral. «Es una reforma dirigida a lograr que cualquiera que sea el lugar donde resida el desempleado tenga cerca un servicio público de empleo que, en colaboración con la iniciativa privada, consiga reinsertarle en el mercado laboral».
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