El ‘lobby’ del ‘fracking’ tienta a los propietarios con ingresos de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento
- Shale Gas España afirma que los proyectos de exploración de gas natural no convencional están avalados por una de las leyes de Evaluación Ambiental más estrictas de Europa
- Si se confirma la existencia de gas, el 1% de la producción se distribuirá entre los propietarios de la zona, lo que supondría unos ingresos de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento
Shale Gas España, el grupo de presión (‘lobby’) que aglutina a varias de las empresas de hidrocarburos interesadas en llevar a cabo la polémica técnica de fractura hidráulica (‘fracking’) ha afirmado este miércoles que España podría albergar recursos prospectivos de gas natural no convencional equivalentes a 70 años a ritmos actuales de consumo, y considera que la única manera de comprobar este potencial y su alcance es mediante la exploración.
Shale Gas España aprovecha que BNK España ha presentado ante la Administración sus proyectos para los primeros pozos de exploración en el norte de Burgos para subrayar que la Ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Parlamento en 2013 es una de las más garantistas de Europa. A diferencia de otros países de nuestro entorno, la nueva Ley obliga a que todos los proyectos que prevean la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking, incluso en la fase de exploración, vengan acompañados de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
David Alameda, Director General de Shale Gas España, comenta: “Cualquier empresa que quiera realizar proyectos en España está obligada a presentar estudios muy específicos y detallados que analizan la geología, hidrogeología, geomecánica del subsuelo, biología y arqueología, entre otros. Esta solidez es la prueba de que los proyectos de exploración de gas no convencional se van a realizar con todas las garantías tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. La transparencia, además, es total puesto que los proyectos son públicos. Los técnicos y las autoridades tienen la última palabra. ”
En los EIA se analizan aspectos como la hidrogeología, geología, ciclo de agua, sismicidad, arqueología, geomecánica del subsuelo, no afección a Red Natura 2000, inventario de fauna, modelo de ruido y calidad del aire. Según lo dispuesto en la ley, los proyectos son públicos y por tanto se distribuirán a instituciones técnicas, autoridades medioambientales y ayuntamientos, que informarán sobre su idoneidad, y además estarán accesibles a los ciudadanos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y ONGs.
Promesas de beneficios para los ayuntamientos y propietarios de terrenos
Shale Gas afirma que los proyectos de exploración de gas natural suponen una oportunidad de desarrollo económico para los ayuntamientos y propietarios de terrenos en los que existe esta fuente de energía. Según las primeras estimaciones, la inversión por pozo se situará entre los 10 y los 20 millones de euros. Con esta inversión por pozo, los Ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Adicionalmente, según el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre si se confirma la existencia de gas, los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos percibirán el 1% de la producción. Shale Gas España estima que este porcentaje supondría un ingreso de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento (entre 2 y 3 hectáreas, equivalente a dos campos de fútbol) para los propietarios de la zona.
Las compañías, además, pagarán un impuesto sobre la producción de hasta el 4%, que revertirá con especial intensidad en los ayuntamientos y comunidades autónomas en los que se desarrolle la actividad.
Por último, cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, pagará un canon de 125.000 euros.
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