El Gobierno colaborará en la ejecución de los derribos y asegura que ninguna familia «quedará desamparada»
- Cantabria
David Laguillo
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- El gobierno asegura, en un comunicado, que ninguna familia «quedará desamparada»
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha expresado este jueves la disposición del Gobierno regional de colaborar con los jueces en la ejecución de las sentencias de derribo y el compromiso de que “ninguna familia cántabra afectada vea demolida su vivienda sin que previamente haya obtenido la justa indemnización”.
Este compromiso está incluido en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de esta tarde, un acuerdo que, según ha explicado Ignacio Diego, contiene tres apartados. En el primero de ellos, el Gobierno hace un requerimiento a todos los órganos de la Administración regional competentes en la materia para que “se inicien y se impulsen de oficio y de forma inmediata todos los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de actos de naturaleza urbanística cuya anulación depare perjuicios a terceros adquirientes de buena fe”.
El segundo punto recoge la disposición de trabajar en el impulso de las “medidas legislativas necesarias” que permitan dar cumplimiento a la propuesta de ejecución de sentencias, también conocida como calendario de derribos, que el Gobierno firmó en septiembre de 2011 con los Ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera.
A este respecto, Diego ha señalado que su Ejecutivo viene trabajando con intensidad desde hace tiempo en un proyecto de ley que él mismo presentará el próximo sábado a los grupos parlamentarios al objeto de buscar un acuerdo que espera sea “unánime”.
El tercer y último apartado del acuerdo es requerir a la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria para que ponga de manifiesto ante los órganos judiciales su voluntad de cumplir con las sentencias y de asumir la responsabilidad de ejecutarlas.
De esta forma, el Gobierno cántabro reacciona frente a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de abril, reiterando el compromiso de que ninguna familia quedará desamparada en este tema.
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