El Gobierno asegura a AMA que garantiza “transparencia y comunicación permanente” en materia de derribos
- Cantabria
David Laguillo
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-José Luis Gochicoa ha mantenido una nueva reunión con representantes de esta asociación a quienes ha trasladado los pasos dados hasta ahora
Santander – 23.10.2019-. El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha mantenido una nueva reunión de continuidad con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración, encabezada por su presidente, Antonio Vilela, a quienes ha garantizado “transparencia y comunicación permanente” en materia de derribos.
José Luis Gochicoa ha concretado los pasos que ha ido dando la Administración regional desde el último encuentro, en aquellas cuestiones prioritarias como son la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), la tasación de las viviendas afectadas por sentencia de derribo, o la postura favorable del Ejecutivo a la figura de la mediación, ya que, para el consejero, la transparencia en este proceso es “muy importante” pero, especialmente lo es el hecho de que los ciudadanos puedan “dejar de sufrir”.
Durante la reunión, el consejero ha estado acompañado por el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Javier Gómez Blanco, y por el gerente de Gesvican, César González.
Prioridades sobre la mesa
En estos momentos la prioridad del Gobierno es la aprobación de los PGOU porque, a juicio de Gochicoa, permitiría legalizar aquellos inmuebles que puedan serlo conforme a la normativa vigente, si bien ha confirmado que paralelamente se están desarrollando otro tipo de actuaciones para dar solución a los vecinos y, como ejemplo, ha citado la construcción de las viviendas de sustitución en Arnuero, obra que estará ejecutándose el próximo año para que “en 2021 o 2022 a lo sumo” los afectados dispongan de un nuevo inmueble en el que entrar a vivir.
En relación a la tasación de las viviendas con sentencia de derribo, el procedimiento es “más complejo” pues, según ha explicado José Luis Gochicoa, dentro del convenio se establece el que cada Administración seleccione una tasadora y posteriormente se elija una que desarrolle el proceso final que “no conviene que se lleve a cabo con demasiada antelación para que el valor de la vivienda no se devalúe”, una opinión que es compartida por los representantes de AMA. No obstante, próximamente se remitirá a los afectados una orientación a “título informativo” sobre el valor de su vivienda, realizada por técnicos de la Consejería.
Al término del encuentro, Gochicoa ha reiterado que su departamento está dando los pasos requeridos por la justicia ya que la obligación del Gobierno autonómico es “cumplir escrupulosamente las resoluciones judiciales” y hablar en estos momentos de plazos muy concretos es “aventurado”.
Por su parte, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha valorado la aclaración de algunos puntos como la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Afectado, en un plazo aproximado de dos o tres semanas, o la remisión a los ciudadanos de una tasación orientativa sobre el valor de la vivienda.
No obstante, en alusión a la aprobación de los PGOU de los municipios afectados, Vilela ha reiterado la necesidad de cumplir lo acordado en el Parlamento de Cantabria y dar una “solución definitiva” a los afectados algo que, en su opinión, pasa por la aprobación de los nuevos planeamientos en los que se refleja que hay viviendas que podrían ser “legalizadas” al encontrarse en suelo urbano consolidado. “Hay que dar instrumentos a la justicia”, ha apostillado.
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