El delegado del gobierno acusa al alcalde de Santander de ‘deslealtad institucional’
- Santander
David Laguillo
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El delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez señaló ayer que las declaraciones del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, continúan poniendo de manifiesto la ‘falta de lealtad institucional’ que debe presidir los proyectos y actuaciones llevados a cabo por el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santander.
Ibáñez manifestó su deseo de que le hubiera gustado que el alcalde de la capital cántabra, antes de realizar declaraciones sobre la paralización de las obras del Ministerio de Fomento, provocando con ello una gran alarma y preocupación entre los vecinos de Santander y los trabajadores de las empresas adjudicatarias de dichas obras, se hubiera puesto en contacto con él para solicitar información y conocer directamente la reprogramación del Ministerio a través de la Delegación, en vez de cuestionar en todo momento las declaraciones realizadas por el Delegado del Gobierno e incluso por el propio Ministro de Fomento.
Según Ibáñez, la realidad ha confirmado que la información trasladada por Ibáñez y por el Ministro eran ciertas y que únicamente el Distribuidor de la Marga ha estado suspendido temporalmente cinco semanas.
Tras la remisión de dos escritos al Ayuntamiento de Santander por la Demarcación de Carreteras del Estado de Cantabria, solicitando la puesta a disposición de los terrenos del Parque de Bomberos y al no haber recibido contestación por escrito por parte del Ayuntamiento, se ha debido realizar una nueva planificación de la rotonda con dos y tres carriles, en función de la disponibilidad de los mencionados terrenos. En este tipo de actuaciones las contestaciones por escrito entre las distintas administraciones son necesarias para poder planificar con normalidad las ejecuciones de los proyectos, asegura el delegado.
En relación con la información de que alguien le ha informado mal al Delegado del Gobierno sobre el acuerdo del Convenio del Ministerio de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de Santander, relativo al Edificio de Tabacalera situado en la calle Alta nº 32-A, al inmueble nº 4 de la Avenida del Deporte y al inmueble nº 81 de la calle Alta, conocido como la plaza de los Derechos Humanos, la información que se ha recibido en la Delegación del Gobierno ha sido remitida por el Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Diaz Maza, de fecha 4 de septiembre de 2010 y que resulta insuficiente, como ya se ha indicado al Ayuntamiento, solicitándole que para seguir con la tramitación de este expediente es necesario un certificado del secretario de la Junta de Gobierno Local que recoja la aprobación en su integridad del Convenio así como la facultad del Alcalde para su firma.
En cuanto a la demolición de la prisión provincial de Santander, el Delegado del Gobierno afirma que nunca se ha manifestado sobre la necesidad o no de la licencia del Ayuntamiento, sólo, ante una pregunta de los medios de comunicación, ha informado que el permiso está pendiente por parte del Ayuntamiento, confiando en que la buena disponibilidad que manifiesta el Alcalde se traduzca en una rápida concesión del permiso oportuno, tras el cual, se procederá al derribo del edificio, cumpliendo así la última parte del compromiso del delegado del Gobierno con respecto al establecimiento penitenciario de Santander.
Ibañez señala que confía en la responsabilidad del alcalde y en sus manifestaciones sobre la buena relación con él, lo que se debe convertir en acuerdos ‘legales y leales’ para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de Santander.
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