El Ayuntamiento de Santander “derrocha dinero público” en juicios por “casos muy claros” de vulneración de derechos básicos de sus empleados
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David Laguillo
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- Una sentencia reciente da la razón a un trabajador contra el Ayuntamiento
- El sindicato estima que cada año hay entre 50 y 60 casos en los que el trabajador afectado no demanda “porque a él le sale muy caro”
El Ayuntamiento de Santander “derrocha dinero público” en juicios por “casos muy claros” de vulneración de derechos básicos de sus empleadosEl sindicato UGT acusó hoy al Ayuntamiento de Santander de “derrochar dinero público” en procesos judiciales por “casos muy claros” de vulneración de derechos básicos de sus empleados en previsión de que “muchos de los trabajadores afectados no acudirá a los tribunales de justicia porque les sale muy caro”.
Así lo afirmaron hoy en una rueda de prensa la portavoz de UGT en el consistorio santanderino, Carmen Meruelo, y el responsable regional de Policía Local del sindicato, Nicolás Ruiz, que estimó que “cada año hay entre 50 y 60 casos de evidentes de vulneraciones de derechos laborales y sociales de trabajadores que estos no denuncian porque no se pueden permitir gastarse un dinero que el Ayuntamiento sí puede pero con el dinero de todos los ciudadanos”.
Ruiz agregó que “esta táctica emprendida por el Ayuntamiento para disuadir a los trabajadores a que no defiendan sus derechos en los tribunales de justicia por el coste que implica” ha provocado incluso que “el propio consistorio recurra hasta tres veces sentencias firmes en el mismo tribunal que las dicta”.
Los representantes sindicales pusieron como último ejemplo de “esta ya práctica habitual del Ayuntamiento” el caso de un agente de movilidad al que se le sancionó por infracción grave con 10 días de empleo y sueldo por negarse a utilizar un nuevo dispositivo de PDA para formular las denuncias porque “no recibió la formación necesaria para ello y, simplemente, no sabía utilizarlo”.
Meruelo aclaró al respecto que el agente de movilidad sancionado se reincorporó a su puesto de trabajo tras una incapacidad temporal y solicitó por escrito hasta en tres ocasiones que se le diera la formación necesaria para utilizar el nuevo dispositivo que ya habían recibido sus compañeros.
Ante la negativa de los responsables del cuerpo policial a facilitar esa formación y las instrucciones de manejo del dispositivo, el agente de movilidad fue expedientado tras negarse a utilizarlo “por falta de obediencia debida a las autoridades y superiores y falta de rendimiento”, expediente y sanción anulados ahora por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Santander tras una demanda interpuesta por el afectado y la asesoría jurídica de UGT.
A él no, a los demás sí
La propia sentencia judicial precisa al respecto que “todos los agentes recibieron instrucciones sobre el uso del dispositivo con carácter previo a su utilización” y que “incluso el resto de agentes que tampoco pudieron asistir a la reunión en la que se dieron las instrucciones, posteriormente se les impartieron las mismas”.
Como subrayó el responsable regional de Policía Local de UGT y funcionario policial del propio Ayuntamiento de Santander, “parece que al equipo de Gobierno (el de la anterior legislatura) le da todo igual, no importa que el trabajador no pudiera recibir la formación porque estaba de baja, ni que solicitará esta formación por escrito tres veces sin recibir respuesta alguna; el instructor del expediente disciplinario, que se supone es una persona versada en Derecho, siguió adelante con el mismo”.
Ruiz agregó que incluso la propia sentencia judicial aclara que la actuación del consistorio vulnera el derecho de presunción de inocencia y contraviene la normativa europea y lo ya dictaminado por otras 13 sentencias del Tribunal Constitucional.
El sindicalista añadió que “como a ellos les sale gratis y no gastan de su propio dinero tiran adelante con los procesos judiciales, aunque sepan de antemano que los tienen perdidos”, tras matizar que, por el contrario, para al trabajador “todo le sale muy caro, y más, teniendo en cuenta que los funcionarios sólo podemos acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, donde los procesos son mucho más lentos que en la justicia social y todo tiene que estar muy bien documentado”.
“Tienen incluso la desfachatez de felicitarnos por haber ganado en los tribunales de justicia para luego recurrirla”, subrayó Nicolás Ruiz, que sospecha que con esta última sentencia “han intentado meter miedo a los agentes de movilidad”.
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