El agujero negro de las autonomías
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David Laguillo
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Por César Román*
{xtypo_dropcap}D{/xtypo_dropcap}urante la transición española se dibujó un modelo administrativo de Estado asentado en la creación de diecisiete comunidades autónomas. Los datos económicos del sostenimiento de ese modelo son demoledores. La mayor fuente de deuda pública se encuentra en las autonomías, y es varias veces la del Estado central y todos los ayuntamientos juntos. Esto nos dibuja una escena poco sensata, ya que a la realidad de esa mastodóntica deuda hay que sumarle que las autonomías son la mayor causa de duplicidad de funciones con otras entidades administrativas, y de aumento del volumen del Estado. Estos datos nos conducen a señalar que es en las comunidades autónomas donde debe llevarse el principal recorte de gasto público. Y esto sólo puede llevarse a cabo repensando un modelo administrativo que se ha demostrado insostenible económicamente. Sencillamente España no puede permitirse el lujo de sostener 17 gobiernos, y la teta de la vaca de Europa toca a su fin. En consecuencia es el momento de pensar en diseñar una administración más pequeña, más eficaz, con menor coste y más cercana al ciudadano y a sus necesidades, en la que el peso de la sociedad civil sea mayor y en la que prime el ejercicio democrático y la participación ciudadana.
La oleada mediática que señala a los ayuntamientos como la principal causa de corrupción es de todo punto interesada y errónea. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, y donde más fácilmente se controla la acción de nuestros políticos por parte de la ciudadanía. En ese hecho incontestable reside la razón de la identificación de los casos de corrupción local. Corrupción que no es ni mucho menos mayor que en las comunidades autónomas. No podemos olvidar que la mayoría de los escándalos han sido denunciados por vecinos anónimos o poco conocidos. Algo impensable por inaccesibles en el resto de administraciones. Los ayuntamientos son las administraciones más controladas de cuantas existen, mientras que las autonomías son las más opacas, según todos los análisis independientes. Ese control conduce a un mejor uso de los recursos económicos y a evitar el despilfarro por la presencia más activa de la sociedad civil y la participación ciudadana. Por otra parte es más democrático reforzar los sistemas de elección en unidades naturales y cercanas al ciudadano como es el municipio, que por ejemplo propuestas viciadas o al menos dudosas como las listas abiertas.
En esa misma línea propositiva, las mayores competencias deben transferirse a los municipios con la correcta financiación. Los ayuntamientos ya han asumido de forma oficiosa muchas competencias, que no son financiadas correctamente de forma oficial. En esa falta de fondos, que se quedan de forma masiva en las mastodónticas estructuras de las comunidades autónomas y que son despilfarradas en campañas totalmente prescindibles y ajenas a las necesidades reales del ciudadano, es la causa de la búsqueda de financiación alternativa por parte de los consistorios en forma de elevadas tasas municipales por servicios fundamentales. Ello va en detrimento de los bolsillos de los vecinos. Y ese problema también está detrás de numerosos casos de corrupción, ya que el urbanismo es una de las exiguas fuentes de ingresos municipales, y que es causante de la mala imagen del sector de la construcción al que se está demonizando en exceso, olvidando y obviando la responsabilidad indudable en la actual crisis que tienen las entidades bancarias.
La más que dudosa eficacia de las comunidades autónomas se evidencia en la asunción de competencias nacionales como la educación que ha dado lugar a diecisiete sistemas educativos distintos, y a los menores niveles de formación de nuestra historia. Ello sin olvidar una politización excesiva y sesgada cuyo mayor exponente se observa en comunidades gobernadas por partidos nacionalistas. La dilapidación de enormes presupuestos en organismos autónomos de forma ineficaz, tienen su contrapartida en la asunción de importantes tareas por parte de los ayuntamientos, como por ejemplo la asistencia social, sin que estas funciones cuenten con financiación adecuada. De ahí que el sentido común nos dice que hay competencias como la referida de la educación que deberían volver al gobierno central, y otras que deberían transferirse y financiarse a los municipios. Además, la existencia de gobiernos de signo diferente en una comunidad y un municipio genera de forma habitual situaciones insólitas de enfrentamiento partidista que dilatan los proyectos y perjudican en definitiva al vecino. Eso por no hablar de agravios comparativos, que existen, entre municipios regentados por alcaldes del mismo partido o del contrario dentro de la misa región. Andalucía y Madrid son ejemplos habituales de ello y sucede más frecuentemente de lo que trasciende a través de los medios. En muchas ocasiones las comunidades se limitan a mal gestionar fondos estatales o europeos para proyectos que se desarrollan en un municipio concreto. En esos caso la pregunta es evidente: ¿para qué se necesita introducir en esa función el elemento distorsionador de ese intermediario, cuando la coordinación de ese proyecto lo puede asumir correctamente el ayuntamiento?
Igualmente las tareas de coordinación intermunicipal y la realización de proyectos supramunicipales deberían residir en las diputaciones y las mancomunidades de municipios. Ello conllevaría llenar de contenido unas instituciones muy importantes para la sociedad civil, de las que pocos ciudadanos conocen siquiera su existencia. Además, no podemos olvidar que esas instituciones son participadas por los representantes municipales, y por tanto más accesibles al ciudadano que las autonomías. No quiero parecer repetitivo en la cuestión de la cercanía, pero la calidad de la democracia es mayor cuanto más próximo es el representante, y por consiguiente más evaluable por el elector. La mayoría de los vecinos identifican o conocen a su alcalde y concejales, pero muy pocos al consejero de turno. A los primeros los paran por la calle y les hacen llegar sus reclamaciones o sus quejas, mientras que esto no les ocurre a los segundos. Eso conduce a un mayor control político y económico de esa administración.
La transferencia de la mayoría de los recursos humanos y económicos hoy existentes en las comunidades autónomas a los referidos entes municipales o supramunicipales, redundaría en mayores beneficios para los vecinos, amén de una optimización necesaria de estos recursos. España no puede permitirse el lujo de continuar dilapidando tiempo y dinero en estas enormes estructuras, cuando hay otras que pueden asumir esas competencias de forma más eficaz, eficiente y democrática. El debate sobre la existencia o el adelgazamiento de las comunidades autónomas debe iniciarse y la cercanía de las próximas elecciones puede ser un momento adecuado para ello. Y en ese debate también sería edificante incluir la necesaria agrupación de municipios que en muchos casos están unidos, que también nos conduciría a tener menos municipios, más grandes, con más recursos y menos estructura administrativa. Pero ese es otro tema que abordaremos otro día.
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