Ecologistas denuncian el deterioro de la calidad ambiental y el paisaje de la costa de Cantabria
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David Laguillo
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Miembros de la organización Ecologistas en Acción (EA) han analizado hoy la evolución de la calidad ambiental y el paisaje de la costa de Cantabria, que consideran «un ejercicio masoquista». En concreto, consideran que existe una «lamentable evidencia» de «degradación progresiva» desde Val de San Vicente hasta Castro Urdiales.
La defensa del litoral a cargo del legislativo y ejecutivo de Cantabria –y de la mayoría de gobiernos de los municipios costeros–, partiendo de leyes estatales, en principio bien concebidas –Costas, Aguas, Espacios Naturales, Patrimonio, Red Natura 2.000, directivas europeas…–, «no han hecho más que devaluarlo con normas y leyes para construir en suelo rústico, con enredos parlamentarios y desafíos legales para evitar demolición de urbanizaciones con sentencias firmes, con la discrecionalidad y ambigüedad de los PSIR, con la exclusión del POL de núcleos urbanos y espacios protegidos, y con el carácter decorativo de la Ley de Conservación de la Naturaleza de 2006», señala Emilio Carrera, miembro de EA en un comunicado.
Carrera considera que ‘no se ha respetado la más elemental jerarquía normativa’, se han ‘congelado sus desarrollos específicos’, se ha ‘bloqueado un marco integral de ordenación territorial (que ya fracasara estrepitosamente con la Ley de O. del Territorio del 91 que nunca se aplicó) y se ha culminado con el retraso de un PROT que sigue sin aprobarse’.
«Y todo ello ante la inhibición de las Comisiones de Urbanismo en las transgresiones cometidas –aunque la tipificación de delitos ecológicos, o contra el paisaje y la O. del Territorio del Código Penal de 1995 han permitido algunas sentencias favorables a la protección ambiental–, las torcidas interpretaciones de las Planes Urbanísticas con modificaciones puntuales y arbitrarias lecturas del art. 44.2 para construir en suelo rústico, o las muy laxas lecturas de la Ley del Suelo estatal y autonómica», apunta.
«La costa se ha rematado, además, con la nefasta gestión de los Parques de Oyambre, Liencres, Santoña o Peña Cabarga, con la descoordinación crónica de las Administraciones competentes –MAGRAMA, Demarcación de Costas, Consejerías, Ayuntamientos….–».
Delito «sin delincuente»
El activista, además, se cuestiona sobre la «inédita y singular aportación de Cantabria al Derecho Internacional y a la Justicia Universal al consagrar la figura del delito sin delincuente» –contra el medio ambiente, contra la ordenación territorial, contra el paisaje y el patrimonio …–.
«Porque ¿será posible que ningún promotor inmobiliario, intermediarios o propietarios de terrenos, constructores, alcaldes, concejales, políticos de las distintas Administraciones –estatal, autonómica, local…–, técnicos o funcionarios, hayan sido implicados o juzgados y condenados por sus responsabilidades individuales en tantas y contundentes sentencias como las que se han pronunciado en Cantabria, incluyendo las tramas de prevaricaciones, sobornos, cohechos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, recalificaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas…., que han acompañado, con toda certeza, la serie de agresiones que han degradado la costa? Cuando les identifiquen póngalo en conocimiento del Juzgado de Guardia», sentencia.
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