Doscientas personas apoyan a los jóvenes imputados por el escrache a Ignacio Diego
Bajo el lema «Preguntar No Es Delito» dos centenares de personas han apoyado hoy a los jóvenes que se enfrentan hasta a 12 años de cárcel por intentar participar en la iniciativa «Tengo una pregunta para usted», con la presencia de Ignacio Diego, tras una denuncia en la que se acusa a los integrantes de diferentes delitos.
Los imputados han negado los hechos sucedidos el 17 de febrero de 2014 tal como son relatados por el chófer, escoltas y Jefe de Gabinete del Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y han explicado que se organizó en la Universidad de Cantabria un acto “de libre acceso hasta completar aforo” que bajo el título ‘Tengo una pregunta para usted’, se publicitaba como “un momento excepcional para plantear al presidente de nuestra Comunidad nuestras reflexiones e inquietudes, y un ejercicio de transparencia”.
Afirman que acudieron al acto ‘en actitud pacífica’, pero encontraron un despliegue de la seguridad privada instalado en los accesos al edificio de la Universidad, ‘que nos impedía entrar al acto sin aportar ningún tipo de justificación’, señalan. ‘No comprendíamos cómo, incluso presentando la tarjeta de la Universidad, se nos prohibía el paso’.
‘Al permitirse sólo acceder a personas afines, el acto acabó desarrollándose en una sala semivacía con más gente fuera que dentro’, lo que motivó que trasladaran su descontento con sus políticas a la conclusión del mismo.
‘Ignacio Diego monta en el coche sin el menor impedimento y abandona la Universidad, declarando incluso al día siguiente en El Diario Montañés haber estado “muy a gusto”, señala el colectivo.
‘Una vez ya había abandonado el lugar, uno de los escoltas propinó un puñetazo en la nuca y una bofetada a dos de los jóvenes. Esas agresiones, totalmente gratuitas, generaron lógicamente los reproches de los allí presentes’, afirman los denunciados.
‘Fue entonces cuando llega al lugar la Policía. Ésta responde a nuestra solicitud de identificar al escolta que nos agredió, pidiéndonos la identificación a dos de nosotros’.
«Tras trasladar en vano a la Policía lo ocurrido, nos retiramos indignados, denunciando públicamente el abuso que habíamos sufrido».
Actualmente se enfrentan a diversas denuncias por injurias y amenazas; falta continuada contra el orden público (multa de 10 a 60 días); delito de daños agravados (multa de doce a veinticuatro meses y entre 1 y 3 años de cárcel); delito de coacciones (multa de doce a veinticuatro meses y de 6 meses a 3 años de cárcel); delito de desórdenes públicos (de 6 meses a 3 años de cárcel); delito de atentado agravado (de 4 a 6 años de cárcel); delitos que pueden suponer hasta 12 años en prisión y sumarían un total de 42 entre todos los imputados.
El auto judicial, a partir de las declaraciones de los escoltas, el chófer y el Jefe de Gabinete del Presidente, ha dibujado un escenario ‘totalmente irreal’, con una barrera de tres personas que impedían el acceso al coche oficial, intentos de entrar al vehículo cuando el Presidente estaba en su interior, ‘agresiones’, una pancarta tapando el parabrisas…’nada de eso ocurrió y lo vamos a demostrar’, finalizan.
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