Desarrollo Rural y el Fondo Español de Garantía Agraria firman un convenio para la intervención y regulación de mercados agrarios
El gobierno de Cantabria informa que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) han suscrito un convenio por el cual ambos organismos cooperarán para coordinar sus actuaciones en materia de regulación e intervención de mercados agrarios. Para lograr este objetivo, tanto la Consejería como el FEGA se comprometen a establecer los medios y sistemas de relación entre ambos que hagan posible la actuación recíproca que permita cumplir con las obligaciones marcadas por la legislación europea.
En virtud de este convenio, a la Comunidad Autónoma de Cantabria le corresponde gestionar en su territorio las actuaciones ejecutivas de intervención y regulación de mercados agrarios, así como aquellas derivadas de actuaciones realizadas en otras Comunidades, pero cuyas materias primas, perceptores, almacenamiento o destino de los productos proceda de Cantabria. Asimismo, la región se ocupará de ejecutar los controles de utilización y destino, y de emitir los documentos y la información pertinentes.
Por su parte, el FEGA establecerá, para cada tipo de operación, las condiciones generales y coordinará la forma de actuación que proceda. Además, remitirá a la Comunidad Autónoma de Cantabria los fondos necesarios para efectuar las compras de intervención, el porcentaje que corresponda por las actuaciones efectuadas, así como los importes transferidos por la Unión Europea para la financiación de las operaciones materiales que resultan del almacenamiento público de los productos agrarios. Por último, el FEGA rendirá cuentas ante la Comisión Europea acerca de las operaciones de intervención de los mercados agrarios.
Por último, la Comunidad Autónoma se integrará en los grupos de trabajo que, en el seno del FEGA, se crearán para coordinar las actuaciones que se deriven de este convenio. Además, se establecerán unos mecanismos de control para vigilar la correcta aplicación de la normativa.
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