Declarado improcedente el despido de una delegada sindical en el Ayuntamiento de Astillero
- Cantabria
David Laguillo
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Comisiones Obreras ha valorado “muy positivamente” que el Juzgado de los Social nº5 de Santander haya dado la razón al sindicato y declare improcedente el despido de una agente de empleo y desarrollo local y delegada de CCOO del Ayuntamiento de Astillero y culpa a la actual corporación municipal de practicar una “nefasta” gestión, tanto de los recursos humanos del consistorio como de los recursos económicos.
La sentencia estima que la trabajadora, que desarrollaba su actividad laboral en el mismo puesto desde 2005 y cuyo sueldo era cubierto en un 80 por ciento por el Servicio Cántabro de Empleo y el 20 por ciento restantes por el Ayuntamiento, no tiene un puesto temporal sino que es indefinida no fija y que la extinción de su contrato se ha llevado a cabo antes de su vencimiento temporal.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) ha explicado que, al tratarse de una delegada de personal, la sentencia le permite optar a ser readmitida en las mismas condiciones en las que se encontraba el 31 de octubre de 2015, fecha del despido, y pagarle los salarios de tramitación desde el 1 de noviembre de 2015 o recibir una indemnización de 28.871,88 euros.
CCOO ha criticado a la corporación local porque si la trabajadora opta por recibir la indemnización va a suponer una cantidad “muy superior” al coste que habría tenido mantenerla durante varios años desempeñando su trabajo para el Ayuntamiento y al servicio de los vecinos de Astillero.
Para la FSC “no es de recibo” que con el dinero de todos los ciudadanos de Astillero se lleven a cabo “purgas” para despedir a quienes “no son del gusto de la alcaldía”, sobre todo cuando ejercen sus funciones como representantes de los trabajadores, por lo que piden al alcalde y a la Junta de Gobierno local que “cesen en sus actuaciones contra los trabajadores y los delegados”.
Asimismo, les reclama que dejen de tomar decisiones que, además de ‘enturbiar’ las relaciones con los trabajadores suponen un ‘quebranto económico’ al Ayuntamiento.
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