Cs insta al Gobierno a impulsar una Ley Antiokupas contra la ocupación ilegal de viviendas y locales
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David Laguillo
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-La formación naranja ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para abordar esta problemática, agilizar los desalojos y endurecer las sanciones
Santander, sábado 5 de septiembre de 2020. El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha pedido al Gobierno autonómico que inste al Ejecutivo central a impulsar “de manera urgente” en las Cortes Generales la tramitación de una Ley Antiokupas que “permita terminar con la actual situación generada por la ocupación ilegal de viviendas y locales”, que en el caso de Cantabria ha afectado a 24 inmuebles.
El pasado mes de julio, el grupo parlamentario de Cs presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Antiokupas que endurece el delito de usurpación en el Código Penal y agiliza las expulsiones de quienes asaltan una casa ilegalmente y se apropian de ella. “Una ley que permitirá a los jueces expulsar a los okupas en una vista previa si no pueden demostrar su derecho de uso de la vivienda en un procedimiento sumario y preferente”, ha indicado el diputado cántabro.
Álvarez ha reclamado, a través de una proposición no de ley (PNL), que esta norma fortalezca también la “asistencia habitacional” de personas en situación de vulnerabilidad, respetando las competencias autonómicas. “Es perentorio ayudar a las familias que, dada su situación económica, no pueden disponer de una vivienda digna, y es obligación de las instituciones del Estado atenderlas y protegerlas”, ha manifestado.
El portavoz parlamentario ha señalado que la ocupación ilegal “es un grave problema al que nos enfrentamos como sociedad basada en el Estado de Derecho y en el respeto a la propiedad privada”, y ha recordado casos como el de los vecinos de Meruelo, que recientemente han creado una coordinadora “con el fin de luchar contra esta práctica en su municipio”, alertando a través de WhatsApp de intentos de ocupación, con el objetivo de impedir que se habiten de forma ilegal, avisando a la Guardia Civil de cara a conseguir el desalojo automático y presentar la correspondiente denuncia en los juzgados.
Desde Cs se ha apuntado que, “además del atropello y el ataque” que supone al derecho a la propiedad privada, “en numerosas ocasiones estas ocupaciones controladas por mafias vienen acompañadas de problemas de seguridad, consecuencia que sufren los vecinos de las localidades en la que se producen”. En este sentido, ha reseñado que, a día de hoy, el proceso judicial para desahuciar a un okupa “puede dilatarse hasta dos años”, dependiendo de la saturación judicial de cada ciudad, por lo que “es urgente”, ha subrayado Álvarez, la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Bases del Régimen Local, entre otras normativas.
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