

Para CCOO, si esta medida sigue su curso “se sacrificará” un servicio público universal y gratuito de todos los ciudadanos, además de miles de empleos, a favor de un “suculento” negocio del que se beneficiará un “pequeño grupo” de registradores mercantiles y un entramado empresarial ya que se adjudicará el sistema informático integrado a una empresa en particular.
Por todo ello, el sindicato ha exigido al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que “revierta este sinsentido” y no se convierta en “cómplice de un expolio más, diseñado a medida de intereses particulares y lejano al interés público”, que es el principio que debería inspirar toda acción gubernamental.
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