CCOO advierte y recuerda al Gobierno que no puede especular con la finca de La Pereda
- Cantabria
David Laguillo
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La sección sindical de CCOO del Gobierno de Cantabria ha advertido al Ejecutivo regional que, tal y como se establece en el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, de Santander, el uso de la finca de La Pereda debe ser público por lo que, si el Ayuntamiento de la capital no autoriza el cambio de la calificación, el Gobierno no podrá especular con el terreno.
Tras las declaraciones del pasado martes del presidente del Gobierno, Ignacio Diego, en las que reconocía que «el Ejecutivo no ha encontrado ningún inversor privado para hacerse con el inmueble de la residencia que se cerró en 2012», el representante de la sección sindical, Javier González, le ha recordado que cuando el Gobierno anunció el cierre alegó deficiencias estructurales del edificio y razones económicas.
«Lo que hizo Ignacio Diego en 2012 fue ocultar la verdad ya que, tal y como denunció hace dos años CCOO, detrás del cierre del geriátrico se escondían presuntos intereses especulativos sobre la venta de la finca» ha afirmado González.
Ha añadido que la negociación para reubicar a los 124 trabajadores de La Pereda fue una «pantomima» y que lo único que pretendía el Gobierno era encontrar inversores privados y comenzar una «tarea que es casi una obsesión para Ignacio Diego; desmantelar los servicios públicos».
Primero fue la residencia La Pereda, después la Escuela de vela y luego el Centro de Día de Castro Urdiales, unos cierres que han provocado la pérdida de más de 600 puestos de trabajo ha insistido González.
El representante de CCOO ha dicho que, dos años después del cierre, se está demostrando que el sindicato tenía razón y que era mentira que el edificio no reuniera las condiciones que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como que, después de gastarse varios millones de euros en mejoras del edificio no sirviera para dar cabida a los usuarios de la dependencia.
En opinión de González, a pesar de las largas listas de espera de personas que necesitan los servicios de centros para la dependencia, la intención del presidente era «cerrar el centro, esperar un tiempo para que se olvidara el asunto y después especular con la venta».
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