CC OO solicita la suspensión del procedimiento laboral iniciado en Valdecilla por la privatización de servicios
- Cantabria
David Laguillo
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- Por otro lado no recurrirá el CPP por el elevado coste económico del proceso judicial.
La Secretaria General de la Federación de Sanidad de CCOO, Asunción Ruiz Ontiveros, médico del centro hospitalario, manifiesta que “vamos a solicitar la suspensión cautelar del acuerdo laboral por la discriminación que contiene entre trabajadores fijos e interinos además de por las futuras consecuencias que el sindicato prevé una vez que los actuales empleados pasen a la empresa privada”. Asevera igualmente, que el Contrato Privado no recoge las mínimas garantías en derechos laborales para los trabajadores estatutarios fijos que opten por seguir en el centro.
CCOO asimismo ha solicitado la paralización de la entrega de las notificaciones por escrito al personal afectado por la CPP de Valdecilla. Entre los motivos esgrimidos por la sindicalista destaca el que “el proceso se está llevando a cabo sin cumplir los mínimos legales a los que tienen derecho los trabajadores, entre ellos el contar con asesoramiento sindical, además de que las comunicaciones que se han entregado a los trabajadores no coinciden con las que ha recibido de la Dirección del centro hospitalario la Junta de Personal”.
“No se puede haber hecho peor” considera la sindicalista, por lo que exige “se inicie de nuevo el procedimiento de notificación a los trabajadores con todas las garantías, entre ellas la presencia de un representante de los trabajadores para asesorarles y velar por la legalidad del proceso”.
Ruiz Ontiveros, en el comunicado de prensa, hace una dura crítica a las políticas que está desplegando el Partido Popular en España y en nuestra región, ya que “con la excusa de la crisis económica el Gobierno ha iniciado un duro ataque a los servicios públicos caracterizado por la eliminación de puestos de trabajo (220 menos en el sector sanitario cántabro), por recortes salariales (más del 20% de media desde el 2010, incluyendo los iniciados por el anterior Ejecutivo), por pérdidas de derechos laborales y aumentos de jornada, a los que ahora se une este proceso de privatización de servicios que supondrá la progresiva amortización y pérdida, de más de 250 puestos de trabajo públicos. Esta es la manera que tiene el Gobierno de Cantabria de hacer región”
La Secretaria General de la Federación de Sanidad de CCOO manifestó igualmente que “no recurrirá, el Contrato de Privatización de Servicios por el inasumible coste económico del proceso judicial”. Igualmente señaló que “nos encontramos ante una de las perversas consecuencias de las últimas reformas en la justicia”, fruto de la cuáles las “astronómicas cantidades” que se exigen a la ciudadanía para interponer reclamaciones en el tribunal de lo Contencioso Administrativo, impiden el acceso a la tutela judicial efectiva”.
En este sentido, la sindicalista lamenta que “tras los últimos y sucesivos cambios normativos y recortes, el derecho a la justicia ha quedado en papel mojado en este país”, y pone como ejemplo el que “el sindicato puede verse obligado al pago, en calidad de costas, del 2% de los 759 millones de euros, del valor del contrato de Valdecilla”, lo que sumado al coste de las tasas supondría, según las estimaciones de los servicios jurídicos del sindicato, un total de algo más de tres millones de euros, “cantidad totalmente inasumible y que imposibilita al Sindicato cualquier opción de recurso jurídico a este lamentable e innecesario, proceso de privatización, con incidencia clara en la pérdida del empleo y la actividad asistencial del Hospital Valdecilla”.
“No continuaremos con el recurso a las privatizaciones de servicios, y la injerencia privada en la actividad asistencial de Valdecilla, al no poder asumir el riesgo de su coste económico, no porque no veamos motivos jurídicos para ello” finalizando su intervención recordando que “su organización, CCOO, se ha esforzado lo posible y lo imposible por reorientar el proceso de finalización del Hospital Valdecilla, en otra dirección: sin pérdidas de empleo público, sin injerencias privadas en la actividad asistencial y sin gravosas hipotecas para 20 años, pero ha sido imposible” enfatizó la sindicalista.
“Garantizar el respeto a los derechos y a la profesionalidad del personal afectado tras la privatización y articular el seguimiento y control de los servicios privatizados serán objetivos sindicales, añadidos a los cotidianos, como consecuencia de esta nueva situación” concluyó la sindicalista.
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