Tarde o temprano tenía que pasar. Y no, no se trata de la «vieja economía» contra la «nueva economía», o incluso negocios tecnológicos parapetados bajo la cínica expresión «economía colaborativa». Se trata, simplemente, de negocios que bordean la legalidad de muchos países.
La última polémica la ha protagonizado el cantante Joaquín Sabina, quien a través de sus representantes ha denunciado a la empresa Viagogo, una web que se dedica a vender entradas para todo tipo de espectáculos. Incluso, según denuncian los representantes del artista, la web está ofreciendo entradas para espectáculos de Sabina que todavía no han salido a la venta.
La legislación española data del año 1982 y, pese a estar totalmente desactualizada, recoge que el recargo de reventa (permitida únicamente en establecimientos autorizados) «no podrá exceder en ningún caso del 20 por 100 sobre el precio marcado para el supuesto de venta directa al público en las taquillas o expendedurías de la propia Empresa».
Algo muy alejado de los precios de venta de las entradas en páginas como Viagogo y otras, donde, por ejemplo, una entrada que originalmente vale 38 euros puede llegar a costar más de 65 euros, superando el 100% más del precio original.
Muchas de estas empresas, además, no operan desde España, y sus términos y condiciones se remiten a la legislación norteamericana, o de otros países. En caso de algún conflicto o problema, el consumidor acepta según los Términos y Condiciones que renuncia a su propio fuero y se somete a las leyes del país en el que radica la página que presta el producto o servicio.
El caso de Sabina contra Viagogo ha abierto la puerta a analizar cómo operan muchas empresas tecnológicas que han lanzado negocios que, en algunos casos, bordean la legalidad de los países en los que operan.
Los casos de UBER, BLABLACAR y AIRBNB y los escándalos asociados a la «zona gris» de su modelo de negocio son los más sonados en los medios de comunicación. Pero no serán los únicos.
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