Casi dos mil personas secundan en Santander la manifestación contra los últimos recortes del Gobierno
- Cantabria
David Laguillo
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Según el sindicato UGT, unas 2.000 personas secundaron hoy la manifestación convocada en Santander por la Cumbre Social de Cantabria contra los últimos recortes y tasa adoptados por el Gobierno y la no revalorización de las pensiones en función del IPC.
La movilización partió poco después de las 19,30 horas de la Plaza de Numancia con una pancarta de cabecera en la que se leía «Defiéndete. Contra los recortes en las pensiones, contra las tasas judiciales, las privatizaciones, los despidos salvajes y la falta de protección social».
Una hora después los manifestantes llegaron a los Jardines de Pereda, donde Enrique Revilla, portavoz de la Cumbre Social de Cantabria, leyó un manifiesto en el que reiteró la reivindicación de un referéndum sobre la política de recortes del Gobierno español porque, según dijo, «los últimos recortes de los Presupuestos Generales de 2013, la no revalorización de las pensiones y la nueva ley de tasas judiciales son nuevos motivos para convocarlo».
Revilla aclaró que «pese al éxito rotundo de la huelga general del 14 de noviembre y de las movilizaciones sociales que la acompañaron, tanto el Gobierno de España como el de Cantabria continúan infringiendo derechos sociales y colectivos y desmantelando prestaciones y servicios esenciales», por lo que «la Cumbre Social seguirá impulsando movilizaciones».
«El Gobierno del PP ha incumplido ahora sus promesas a los ciudadanos al no revalorizar las pensiones conforme al IPC, ha modificado los criterios de utilización del fondo de reserva, arriesgando la viabilidad futura del sistema, y lo ha hecho vulnerando el Pacto de Toledo», subrayaba el manifiesto.
En relación a la no actualización de las pensiones en función de la inflación de noviembre, la Cumbre Social recalcaba en su manifiesto que «todo esto, sumado a la implantación del copago para los pensionistas en el Sistema Nacional de Salud, supone un hachazo a las condiciones de vida de más de ocho millones de pensionistas con consecuencias muy negativas para el consumo».
Antes de abordar más recortes recientes de la política del Gobierno, el portavoz de la Cumbre Social de Cantabria recordó de manera cronológica las principales medidas adoptadas por el Gobierno en su primer año de legislatura antes de referirse a los últimos recortes sociales.
«Primero la reforma laboral, los salarios de los empleados públicos y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras; después, recortaron la enseñanza y la sanidad públicas, la prestación por desempleo, los servicios públicos sociales, la dependencia, la igualdad, la justicia o la inversión», afirmó Enrique Revilla, antes de recalcar que «ahora tocan las pensiones».
El manifiesto recordaba que «como evidencia del fracaso de las políticas de recortes, 27 de cada 100 ciudadanos españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social (117.000 en Cantabria), un 4,1% más que en 2008».
Sin acceso a la justicia
El manifiesto de la Cumbre Social de Cantabria pasó después a criticar los últimos recortes sociales adoptados por el Gobierno, entre los que citó en primer lugar la nueva ley de tasas judiciales y el anteproyecto de ley de Reforma de la Ley de Justicia Gratuita, de la que dijo, «incluye medidas restrictivas del derecho de la tutela judicial efectiva, convirtiendo el acceso a la justicia en algo inalcanzable».
Revilla rechazó también en nombre de la Cumbre Social «la respuesta del Gobierno a la dramática situación de los desahucios, que es tan insuficiente que excluye a la mayoría de los afectados y no atiende a las propuestas de las plataformas de afectados y la iniciativa legislativa popular promovida por numerosas organizaciones y colectivos o las planteadas por los grupos parlamentarios».
La Cumbre Social reprobó a continuación en el manifiesto que el Gobierno está vulnerando el principio de la sanidad pública, universal y gratuita con «planes para privatizar la sanidad pública en algunas autonomías gobernadas por el PP junto con los decretos del Ministerio de sanidad que han acabado con la cobertura sanitaria universal mediante el copago farmacéutico y de algunos servicios y la fragmentación de la cartera de servicios sanitarios para introducir el cobro a los usuarios».
El manifiesto subrayó también la oposición de la Cumbre Social a los recortes en la atención a la dependencia con «cuidadores familiares dados de baja en la Seguridad Social, el cierre de centros de atención a los dependientes, la desaparición de programas de ayuda y la eliminación de servicios públicos y concertados».
«Éstas son las consecuencias de la decisión del Gobierno de introducir una moratoria en la aplicación de la Ley de Dependencia y de reducir drásticamente los recursos y prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia», agregaba el manifiesto.
Sin respuestas para la educación
El manifiesto aludió después a los recortes en educación y a una reforma del sistema educativo que, para la Cumbre Social, «está basado en una ideología ultraconservadora y clasista y en la vulneración de los derechos lingüísticos de las comunidades autónomas».
Para la Cumbre Social de Cantabria, «es necesario en un asunto de tanta trascendencia un pacto social por la educación que surja del diálogo y el consenso y el consenso de fuerzas políticas, sociales y educativas para reducir nuestros problemas más acuciantes, la tasa de fracaso escolar y dotarse de medios humanos y materiales suficientes para mejorar la atención educativa y necesaria cualificación profesional que contribuya a erradicar el paro juvenil».
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