Cantabria saca a consulta pública la modificación del decreto para limitar la apertura de los salones de juego
- Cantabria
David Laguillo
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-El cambio normativo establecerá una caducidad a los estudios de viabilidad de 17 licencias de apertura que estaban pendientes
El Gobierno cántabro ha publicado la consulta previa para efectuar un cambio legal que limitará la apertura de nuevos salones de juego.
La modificación del Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, establecerá un régimen de caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura.
En concreto, este cambio en el reglamento afectará a 17 salas de juego en Cantabria, cinco de ellas en Santander, que ya contaban con un estudio previo de viabilidad y a las que no les afectaban las últimas limitaciones legales que ha efectuado el Ejecutivo regional.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha apuntado que su departamento posibilite la extensión a estos expedientes en trámite la aplicación efectiva de la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares -la distancia más restrictiva vigente en el país-, y responde así a la preocupación social sobre la apertura de estos locales.
También ha recordado que se trata del tercer cambio legislativo que impulsa su departamento para evitar la concentración de locales de juego y el acceso de los menores, dentro del Plan autonómico de juego responsable.
Al régimen de distancias mínimas y la normativa que introduce medidas de control efectivo de acceso y admisión en la entrada de los establecimientos de juego, se sumará en el próximo tiempo la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación a las máquinas recreativas de salones de juego (tipo B2) y las terminales de apuestas.
Según ha explicado la consejera, el Ejecutivo regional planea así extender esta medida que ya era de aplicación para las máquinas tipo B1, las máquinas tragaperras en locales hosteleros, con lo que se busca “racionalizar la oferta y controlar su incidencia social”.
En opinión de Fernández Viaña, el Gobierno de Cantabria “va de la mano” de los vecinos y “comparte su preocupación social”. Por eso, puso en marcha en 2018 su programa de juego responsable e impulsó una importante limitación de las distancias entre salones y a centros educativos y de tratamiento de ludopatía, que como ha recordado, “es la más restrictiva de todas las comunidades autónomas”. También ha incidido en el incremento de las inspecciones al sector del juego que se han doblado en el último año, con respecto a las realizadas en 2016.
El Gobierno regional “ha ido más allá y se ha esforzado por efectuar los cambios legales para prevenir el acceso a los menores y proteger a todos los sectores vulnerables”, ha declarado la consejera, quien ha adelantado que Cantabria presentará también alegaciones al proyecto de real decreto de publicidad sobre el juego que ha elaborado el Ministerio de Consumo para “dar más pasos en el objetivo de limitar aún más los anuncios del sector”.
Sistema de caducidades de licencias
En concreto, la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Interior, plantea la modificación del Decreto 23/2008, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de máquinas recreativas y de azar, con el fin de establecer un régimen de caducidad de las consultas previas de viabilidad para explotación de salones recreativos o de juego que no acrediten haber solicitado licencia de obra y actividad en el plazo máximo de un mes.
También esta caducidad del expediente se podrá extender en los casos de que, habiéndola solicitado la licencia en el plazo superior al mes, no hayan obtenido la oportuna licencia municipal en el plazo máximo de 24 meses, desde su solicitud ante el ayuntamiento respectivo.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la consulta pública de este reglamento, de cara a que las personas, entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus propuestas y alegaciones, en el plazo de 20 días hábiles.
La finalidad es recabar opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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