Cantabria reclama más dinero para implantar la economía circular con los fondos de recuperación
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David Laguillo
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El consejero de Medio Ambiente muestra su ‘descontento’ con los criterios y las cuantías destinadas a implantar en las comunidades autónomas las políticas de residuos
Santander – 11.01.2021
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha reclamado hoy al Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico un mayor impulso económico a las comunidades autónomas para implantar la economía circular con los fondos europeos de recuperación.
Asimismo, ha mostrado su descontento con los criterios y las cuantías establecidas por el Ministerio que dirige Teresa Ribera en el Plan de Territorizalización de Subvenciones en materia de residuos.
Blanco ha realizado estas afirmaciones durante el transcurso de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se ha celebrado de manera telemática para analizar, entre otros asuntos, la propuesta de subvenciones destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, las bases para la territorizalización de las subvenciones en materia de residuos y los criterios de reparto de los fondos para inversiones previstas en materia de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Durante su intervención, Blanco ha expresado su descontento y desilusión por la cuantía que se destina al apoyo a la implementación de la política de residuos, “cuando el impulso a la economía circular, de la que esa política es pieza clave, aparece como objetivo destacado tanto para los fondos Next Generation como en el previo Pacto Verde Europeo”.
En su opinión, “poco más de 400 millones de euros para todo el país son una cifra testimonial. En un plan que se denomina de implementación de las políticas de residuos merece un mayor impulso económico con los fondos de recuperación que el que se nos presenta por parte del Ministerio”.
Una discrepancia con los “escasos” fondos destinados al Plan que el consejero cántabro ha fundamentado en que, de no rectificarse, las comunidades autónomas, ha advertido, tendrán que buscar en un par de años recursos extraordinarios para asegurar el cumplimiento de las directivas europeas.
“No tenemos claro que entonces dispongamos de ningún fondo europeo y, menos aún que las previsiones de recaudación que se están haciendo con los nuevos impuestos que se anuncian ayuden de forma significativa considerando la situación económica del país”, ha insistido.
Por todo ello, ha reclamado una revisión de la cuantía asignada con un incremento significativo en las cantidades dentro del periodo 2021-2023, manteniendo el plazo de ejecución en 2026, tal y como se contempla en las bases del Plan.
También ha solicitado al Gobierno de la Nación un esfuerzo de “máxima coordinación” para no perder la posibilidad de financiar proyectos que podrían incorporarse en diferentes componentes del plan ‘España Puede’, como algunos de los que Cantabria tiene en cartera y que están relacionados con la gestión de residuos con economía circular.
El titular de Medio Ambiente también ha planteado su disconformidad con los criterios de reparto del plan de implementación de las políticas de residuos entre las comunidades autónomas porque, en su opinión, “no me parece suficiente el peso que se da a la dispersión de la población ni tampoco es correcto que se asocie de forma inequívoca baja densidad con elevada dispersión de la población”.
Ha recordado que estos criterios reflejan el sobrecoste de recogida de residuos en comunidades autónomas como Cantabria, “con un gran número de pequeños núcleos rurales que generan residuos que hay que recoger y que se distribuyen de forma muy dispersa y en una orografía complicada”.
El consejero cántabro ha insistido en rechazar tanto el peso que se otorga a ese criterio de reparto como la forma de medir la dispersión, ya que, en su opinión, “Cantabria recibe una peor puntuación por penalizarse una densidad media superior a la media nacional, pero una población concentrada en la costa y un gran número de núcleos de población dispersos por resto de la región y que también necesitan una gestión de residuos acorde con las directivas europeas”.
Tampoco entiende que el reparto de fondos se destine no sólo a las comunidades autónomas, sino también a potenciales destinatarios finales “mucho más diversos”. “Con los reducidos fondos que vamos a recibir, repartirlos entre muchos posibles destinatarios no parece la mejor opción”, ha opinado Blanco.
Igualmente, ha reclamado al Ministerio que las comunidades autónomas puedan destinar la cuantía asignada a la línea o líneas que “estimemos prioritarias, aunque sea a costa de no financiar proyectos con estos fondos en todas las establecidas”.
Ecosistemas y biodiversidad
En la reunión también se ha analizado un primer avance de los criterios de reparto de fondos para inversiones en conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad y el consejero Blanco ha reiterado la postura de Cantabria de rechazar la intención del Gobierno de la Nación de concentrar toda la inversión de los fondos en el periodo 2021-2023, en lugar de fijar su horizonte de ejecución en 2026 aunque se comprometan antes del 2023, tal y como plantea la Comisión Europea.
Ha reclamado una coordinación “muy estrecha” para que las Comunidades Autónomas puedan ejecutar y realizar un seguimiento adecuado de los proyectos que el Ministerio tiene previsto ejecutar de manera directa, al tiempo que ha solicitado que se revisen las inversiones previstas en materia de mejora de infraestructuras y prevención de incendios forestales a desarrollar en las comunidades autónomas para dar adecuada respuesta a la tipología de incendios forestales de Cantabria, que es diferente a la que existe en otras zonas de España.
Finalmente, ha solicitado que en los criterios de priorización se incorpore un factor de ponderación positiva que permita tener en cuenta las peculiaridades territoriales de Cantabria, con una extensión reducida, pero con un porcentaje elevado del territorio regional ocupado por espacios naturales protegidos y por superficie forestal.
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