Cantabria recibe más de seis millones de euros del ‘Plan E’ para proyectos de Atención a la Dependencia que crearán doscientos treinta y nueve empleos
- Cantabria
David Laguillo
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Dolores Gorostiaga y Mercedes Cabrera han firmado hoy el convenio de colaboración por el que se crearán o adaptarán más de setecientas plazas en centros residenciales o ayuda a domicilio
La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, y la Ministra de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), Mercedes Cabrera, han firmado hoy un convenio de colaboración por el que el Gobierno de España destina a Cantabria un total de 6.021.515 euros para el desarrollo de proyectos de Atención a Personas Dependientes con cargo al fondo extraordinario de dependencia del Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).
A través de este fondo extraordinario, Cantabria financiará este año inversiones en nuevos centros, servicios y plazas para la atención de personas dependientes, y modernizará y adecuará centros y servicios ya existentes. Estas inversiones conllevarán la creación o adaptación de 775 plazas para personas dependientes en centros residenciales, en servicios de promoción de la autonomía personal y en servicios de ayuda a domicilio.
La puesta en marcha de estos proyectos con cargo al fondo extraordinario supondrá la creación de 239 puestos de trabajo en Cantabria. Los seis millones de euros hoy acordados se añadirán a la financiación que los ciudadanos de Cantabria reciban por parte del Gobierno de España para el desarrollo de la Ley de Dependencia. La cifra total que se destine en 2009 no se conocerá hasta finales de año, pero cabe recordar que en 2008, el MEPSYD destinó más de 15,1 millones de euros a la Comunidad Autónoma por este concepto.
Este fondo extraordinario del Plan E se suma a la financiación general de la Ley de Dependencia. Así, en 2009, el Gobierno de España dedicará más de 1.558 millones a dependencia, un 79% más que el pasado año.
En Cantabria hay en estos momentos 9.717 personas a las que se les ha reconocido el derecho a beneficiarse de la Ley de Dependencia.
775 plazas para dependientes y 239 empleos
El convenio firmado hoy contempla el traspaso a Cantabria de casi 4 millones de euros para obras en centros públicos, y los 2 millones restantes están orientados a la mejora de la infraestructura de los servicios de ayuda a domicilio y de los servicios de transporte público para personas en situación de dependencia.
Esta inversión va a permitir, según Dolores Gorostiaga, «consolidar y mejorar la oferta de servicios en cuatro importantes centros de atención a personas dependientes», concretamente, en el de la Isla de Pedrosa (Marina de Cudeyo), ‘La Pereda’, en Santander; el de Laredo, y el CAD de Sierrallana, en Torrelavega. En total, en virtud de este acuerdo, se va a actuar directamente sobre un total de 775 plazas públicas para personas dependientes: en unos casos, creando nuevas plazas y, en otras, adaptando plazas de válidos para personas que se encuentran en situación de dependencia.
Este acuerdo contempla la creación o mantenimiento de 100 puestos de trabajo en las empresas que desarrollen las obras y, por otro lado, otros 139 empleos para profesionales del sector de la dependencia como consecuencia de las mejoras y ampliaciones de los Centros.
Para Dolores Gorostiaga, la filosofía del Fondo estatal creado por el Gobierno para Dependencia «encaja con el trabajo que el Gobierno de Cantabria está realizando en la Comunidad para superar la difícil situación por la que atravesamos como consecuencia de la crisis económica».
Además, este convenio permite «hacer en un año lo que, sin el apoyo extraordinario del Gobierno de España, haríamos en dos años». En este sentido, ha recordado que Cantabria tiene presupuestado para este año casi 6 millones de euros en inversiones y mejora de los servicios públicos de atención a personas dependientes, a los que se suma ahora los más de 6 millones previstos en el convenio, por lo que «duplicamos la inversión, duplicamos las plazas públicas creadas o adaptadas, y duplicamos el esfuerzo en la mejora de la red pública de servicios sociales», con el objetivo de «mejorar directamente la vida de muchos ciudadanos de la Comunidad, que se encuentran en situación de dependencia, y que demandan unos servicios públicos modernos y adaptados a sus necesidades».
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