Cantabria, primera comunidad con un Juzgado para atender las demandas de preferentes
- Cantabria
David Laguillo
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Diego y Tolosa se reunieron hoy para acordar las medidas necesarias que harán realidad este refuerzo
Será el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Santander, que contará con un refuerzo de cuatro funcionarios, un secretario y un juez
Cantabria es la primera comunidad autónoma española en contar con un órgano judicial específico para atender las demandas de los clientes de participaciones preferentes. Será a partir del próximo viernes cuando comience a funcionar una medida de refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander, que se encargará de atender estas demandas.
Esta mañana, el presidente regional, Ignacio Diego, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, han mantenido un encuentro para ultimar los detalles de esta medida.
Ignacio Diego ha destacado el hecho de que Cantabria sea la primera comunidad en habilitar un juzgado especial para atender a los afectados por las participaciones preferentes, una iniciativa que es fruto –ha dicho- de la “sensibilidad” que sobre este asunto comparten tanto el Ejecutivo cántabro como el TSJC.
Según ha explicado, la puesta en marcha de este órgano judicial servirá para, en primer lugar, dar una “respuesta rápida y homogénea” a esta problemática social que en Cantabria afecta a cientos de personas y, en segundo lugar, para evitar la dilación del resto de procedimientos judiciales de los ciudadanos, de manera que los Juzgados de Primera Instancia no se vean colapsados por el creciente número de demandas de preferentes y puedan dedicar su tiempo a los asuntos que no son de este tipo.
Por su parte, César Tolosa ha agradecido el esfuerzo del Gobierno regional y, singularmente, de la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Leticia Díaz por la sensibilidad demostrada ante este asunto.
La medida de refuerzo pretende paliar el aumento significativo y progresivo de la litigiosidad de los órganos civiles de la capital, derivado de la presentación de demandas que tienen como denominador común la pretensión de declarar ineficaces contratos financieros complejos, como la adquisición de participaciones preferentes, deuda subordinada y obligaciones convertibles, productos comercializados en los últimos años por entidades bancarias y cajas de ahorros.
Para hacer eficaz la medida, además de poner en marcha este refuerzo de personal la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha modificado las normas de reparto de los Juzgados de Primera Instancia de Santander, de modo que todas las demandas de este tipo se cursen a partir del próximo viernes al mismo órgano judicial, al citado nº7. La medida no tiene una duración definida, si bien se evaluará su eficacia cuando se hayan registrado 400 demandas desde su puesta en funcionamiento.
MÁS DE 300 ASUNTOS EN EL PRIMER SEMESTRE
El Decanato de Santander ha registrado durante el primer semestre y hasta el 3 de julio un total de 321 procedimientos judiciales relativos a preferentes y a otros productos financieros. Además, se observa un incremento progresivo, de modo que si en los primeros tres meses del año se presentaron 38 demandas, en abril fueron 95, 87 en mayo, 86 de en junio y 12 durante los tres primeros días de julio.
Ante esta situación, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Santander acordó solicitar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia la adopción de medidas.
El órgano de gobierno del alto Tribunal respondió a esta petición el pasado lunes, acordando que el refuerzo se asigne al Juzgado de Primera Instancia nº7 de Santander, cuyo titular es el magistrado Luis Sánchez Gall. Además, la Sala de Gobierno acordó destinar a la Juez de Adscripción Territorial del TSJC, Cristina Rodiz, a este Juzgado, de modo que ambos jueces se encargarán de ventilar las demandas de participaciones preferentes.
Junto a ellos, cuatro funcionarios –un gestor, dos tramitadores y uno de auxilio judicial- y un secretario completarán el refuerzo que atenderá de manera exclusiva todas las demandas de preferentes y de otros productos financieros.
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