Cantabria agilizará el cobro por daños morales de los afectados por sentencias de derribo
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David Laguillo
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- De los 120 expedientes de reclamación se estima que en un primer momento puedan cobrar indemnizaciones 93 afectados
La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social desarrollará, este fin de semana, un amplio y completo dispositivo para facilitar los trámites a los afectados por las sentencias de derribo. Este dispositivo permitirá agilizar los procedimientos para que, en los casos que así se acuerde, puedan cobrar en un breve espacio de tiempo las cantidades correspondientes a los daños morales.
Esta actuación se llevará a cabo mañana en Liencres y Arnuero con la colaboración de AMA y la de los Ayuntamientos de Piélagos y Argoños.
De los 120 expedientes de reclamación iniciados se estima que en un primer momento puedan cobrar las indemnizaciones 93 afectados.
En los demás casos, se adoptarán las resoluciones en los plazos mas breves posible para que los interesados puedan adoptar las decisiones que estimen conveniente en defensa de sus derechos e intereses.
El Gobierno de Cantabria decidió incrementar el fondo para los derribos hasta superar el millón, y espera además de que antes de que acabe el año se abonen las indemnizaciones por daños morales a casi un centenar de familias.
La previsión del Gobierno es que el pago de las indemnizaciones por daños morales a las personas afectadas por sentencias de derribo pueda superar los 6,5 millones de euros.
El Gobierno va a asumir las consecuencias económicas de los convenios que el anterior Ejecutivo suscribió con los afectados y firmará los que quedan pendientes.
Desde el Gobierno se ha impulsado la búsqueda de soluciones a esta situación desde el respeto y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia y bajo la colaboración permanente con los ayuntamientos para que revisen sus planes generales.
El pasado 17 de octubre los afectados por sentencias de derribo se reunieron en Argoños con los directores generales de Urbanismo y de Medioambiente, Francisco González y Miguel Palacio; así como los alcaldes de varios municipios sobre los que se asientan las viviendas con orden de demolición, para determinar los plazos y precisar el procedimiento de indemnización.
Cabe recordar que el nuevo Gobierno PRC-PSOE se comprometió el pasado mes de agosto con AMA a respetar los convenios que el anterior Ejecutivo del PP puso en marcha para los afectados por sentencias de derribo y en que los extendería a 236 viviendas que están pendientes de suscribirlos, a sumar a las 329 que ya lo han rubricado.
Estos convenios garantizan a los propietarios, en el caso de que no prospere el intento de legalizar su vivienda, el derecho a una indemnización económica fijada por un perito independiente o bien la sustitución de su casa por otra.
Por lo que respecta a los daños morales la Administración regional tiene consignados en este ejercicio 900.000 euros para esos pagos.
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