Buruaga pide al Gobierno regional que «reaccione y empiece a luchar activamente contra la okupación»
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David Laguillo
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Buruaga se ha reunido con un grupo de vecinos de la calle Ballestas de Guarnizo, donde la okupación genera ‘graves problemas de convivencia e inseguridad’
La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado hoy al Gobierno regional que ‘deje de mirar para otro lado y empiece a luchar activamente contra la okupación’ adoptando medidas propias.
Buruaga considera que hasta ahora todas las medidas se han topado con el pacto del PRC con un PSOE ‘cada día más podemizado que se empeña en sostener que este no es un problema real, sino una invención de la derecha’.
La dirigente popular ha advertido de que el hecho de que buena parte de la regulación sea competencia del Estado ‘no significa que el Gobierno regional no puede hacer nada y no le exime de su obligación de arbitrar’ las herramientas necesarias para paliar las consecuencias de la okupación.
La líder de los populares cántabros ha pedido ‘implicación’ ante uno de los problemas que más alarman y preocupan en este momento a los ciudadanos. «El Gobierno regional tiene que dejar de mirar para otro lado y de esconderse detrás del Gobierno de la nación para seguir en la inacción. Tiene que reaccionar y ejercer sus competencias para luchar activamente contra la okupación», ha dicho la presidenta, quien ha hecho hincapié en que ‘crecen los casos y la alarma social por la actuación impune de las mafias’.
La dirigente popular ha vuelto a reclamar la elaboración de un mapa de la okupación ilegal en Cantabria para diagnosticar el alcance del problema; habilitar una oficina de apoyo y asesoramiento a los afectados y la creación de un grupo de trabajo con la Federación de Municipios para coordinar una respuesta y estudiar medidas como exenciones en el pago del IBI a los afectados.
Además, el Partido Popular ha pedido poner en marcha un canal de denuncias anónimas para perseguir el alquiler fraudulento y la okupación o la prohibición de que las personas condenadas por okupación ilegal puedan acceder a una vivienda protegida.
La presidenta ha hecho estas peticiones al Gobierno después de reunirse con un grupo de vecinos de la calle Ballestas de Guarnizo (Astillero), donde la okupación está generando graves problemas de convivencia y seguridad.
Según ha explicado el portavoz del PP en Astillero, Antonio García Gómez, los vecinos de esta calle, donde están ocupadas unas 40 de 80 viviendas, no pueden ni dormir por la noche, sus hijos no pueden ir a jugar al parque, y tienen miedo a hacer declaraciones públicas por miedo a represalias, lo que ha provocado que muchos se hayan tenido que ir del pueblo por falta de soluciones.
Buruaga ha hecho hincapié en que el problema de la okupación ‘tendría solución si el Gobierno de Pedro Sánchez dejara de defender a aquellos que creen que se puede vivir a costa del esfuerzo y el trabajo de los demás’.
Para la presidenta, es ‘imposible atajar este fenómeno cuando dentro del Gobierno hay cuatro posturas diferentes y se mueve en la indefinición, la división y la tolerancia que no hace sino generar un efecto llamada’.
“Nosotros lo tenemos claro. La lucha contra la okupación ilegal no es de izquierdas ni de derechas, es simplemente una cuestión de justicia, y vamos a seguir defendiendo la seguridad jurídica y el derecho de los propietarios a invertir sus ahorros en una vivienda y a vivir en paz”, ha dicho.
Y ha recordado las medidas que el Partido Popular ha defendido en el Congreso de los Diputados, donde se han topado una y otra vez con el muro de Pedro Sánchez y Podemos: desalojo de los okupas en el plazo de 24 horas desde el requerimiento e inmediato en caso de delito flagrante; reforzar las penas por delito de usurpación con 3 años de cárcel; mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias; considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; prohibir que un inmueble ocupado tenga la consideración de morada o domicilio, y devolver al propietario lo abonado por IBI o Impuesto sobre el Patrimonio en el periodo de okupación.
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