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Agrupaciones como ARCA, CNSV y Cantabristas han mostrado su rechazo a la nueva ley del suelo del Gobierno de Cantabria porque consideran que ‘pretende extender la construcción generalizada de viviendas que la costa sufrió en el pasado a todo el interior de Cantabria’.
Estas organizaciones afirman que la ley es ‘insostenible ambiental y económicamente, porque degrada el espacio rural y el paisaje, destruyendo un recurso económico básico como es el suelo fértil. Apuesta por la economía improductiva de la especulación y construcción, en lugar de impulsar la economía productiva agraria, ganadera, forestal, agroalimentaria, turística y cultural, garantizando la adecuada ordenación del territorio’.
La propuesta de estos colectivos es «Cantabria Sostenible», con la que quieren la retirada del actual proyecto de Ley del Suelo para Cantabria, y derogación de la disposición transitoria 9º de la Ley 3/2.012, que permite la construcción de viviendas aisladas en el suelo rural de la comunidad; la realización de un Plan Regional de Ordenación del Territorio que deje de articular el suelo rural desde el urbanismo, y el establecimiento de un modelo económico consensuado a largo plazo, diverso, estable y sostenible.
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