ARCA afirma que el incumplimiento de las sentencias de derribo «impediría la restauración ambiental de espacios de gran valor ecológico»
- Cantabria
David Laguillo
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Niegan que esperasen a que los edificios estuviesen construidos para poner sus denuncias
La asociación ecologista ARCA ha advertido esta mañana que el incumplimiento de las sentencias de derribo, «además de ser una patada en la puerta del Estado de Derecho, impediría la restauración ambiental de espacios litorales de gran valor ecológico de Arnuero, Piélagos, Argoños y Miengo».
Es el caso de la playa de La Arena, señala la organización ecologista, donde la demolición de los 144 apartamentos «supondría la restauración del extremo oriental de un encinar relicto, protegido por el POL y la Directiva de Hábitats», en el que ARCA impidió la construcción de viviendas.
La ejecución de las sentencias contra dos urbanizaciones construidas sobre la playa de Cerrias, en Liencres, supondría en opinión de ARCA «la restauración de una zona litoral con enormes valores paisajísticos, ubicada dentro de la Servidumbre de Protección establecida por la Ley de Costas, entre la playa de Somocuevas y la destrozada ensenada de Portio».
Según la asociación, en Argoños la mayoría de las viviendas afectadas por sentencias de derribo están construidas en zonas incompatibles con las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Marismas de Santoña, por lo que es «imprescindible devolver el espacio degradado a su estado anterior».
Añaden además que el edificio construido sobre la playa de Cuchía, en Miengo, fue sentenciado a derribo por violar la Ley de Costas, y su desaparición permitiría «la naturalización integral del entorno de la playa de Marzán y su sistema dunar».
Estos hechos, en opinión de ARCA, «desmontan también la repetida mentira de que las denuncias presentas por la asociación y que han motivado las sentencias de derribo carecían de base ambiental o ecológica».
Niegan que ARCA «esperase a que los edificios estuviesen construidos para poner sus denuncias y que ocultase sus acciones judiciales, porque en todos los casos las denuncias fueron precedidas de campañas de prensa, movilizaciones y acciones de paralización de las obra por la fuerza en Liencres y Cuchía, lo que motivó sendas intervenciones de la Guardia Civil, a lo que hay que sumar la conocida detención y encarcelamiento de 13 activistas que se encadenaron a las palas que destruían el encinar de La Arena».
Creen que «tampoco es verdad que las únicas víctimas del desastre urbanístico que ha sufrido Cantabria lo sean los compradores de viviendas afectadas por sentencias de derribo, porque ARCA y muchos cántaros también se sienten víctimas inocentes de unos políticos que han destruido buena parte del paisaje litoral de Cantabria, que han masificado las playas hasta límites insoportables y que han encarecido el acceso a la vivienda, entre muchos otros efectos negativos».
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