El texto del proyecto recoge los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica según estudios recientes elaborados por instituciones independientes y de indudable imparcialidad, y al informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo que en junio del pasado año planteaba interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica.
Además, hace referencia a la preocupación social por los riesgos que supone la puesta en marcha de esta técnica y a que ciertos sectores sociales alertan de los perjuicios para los acuíferos subterráneos. El ‘fracking’ ha generado en Cantabria un fuerte rechazo social que se ha plasmado en diversas manifestaciones en las que han tomado parte miles de personas.
En su Disposición Transitoria el anteproyecto estipula que la normativa que prohíbe el `fracking’ será de aplicación tanto a los permisos ya concedidos como a los que se concedan a partir de la entrada en vigor de la ley.
El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, afirma que el Gobierno que preside es «sensible ante la inquietud generada por esta técnica de fractura hidráulica entre la ciudadanía de esta tierra», y tras someterlo al correspondiente debate, «ha decidido la prohibición del uso de esta técnica en Cantabria y su regulación con esta Ley».
Diego añade que la norma es «eficaz, clara y concisa», que, en su opinión, está regida por el «principio de precaución», en tanto no se conozcan los impactos reales del `fracking’, y tiene como prevalencia «la defensa de la salud y el medio ambiente».
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