El Anteproyecto reduce el número de firmas precisas para que las iniciativas legislativas populares puedan ser debatidas, de 10.000 a 5.000
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David Laguillo
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-El BOC publica hoy una norma que busca aumentar la utilización de este instrumento por parte de la ciudadanía
A partir de mañana se podrán presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria tras su publicación hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Hasta el 26 de febrero, los ciudadanos podrán presentar aportaciones y sugerencias a la norma, que también estará disponible en dependencias de la Consejería de Presidencia y Justicia como en el apartado de participación ciudadana del Portal de Transparencia.
Tal y como explica el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, la norma vigente en la materia, Ley 6/1985, de 5 de julio, se encuentra obsoleta y, además, el “desarrollo y consolidación de las instituciones de autogobierno” y de la propia sociedad hace necesaria “una nueva norma adaptada a la realidad que permita impulsar la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos”.
Las principales novedades del Anteproyecto son que reduce el número de firmas precisas para que las iniciativas legislativas populares puedan ser debatidas –de 10.000 a 5.000-; aumenta el plazo para recoger los apoyos –de tres a seis meses– y se permite el uso de medios electrónicos y páginas web, además del tradicional en papel, para la obtención de apoyos.
De esta manera, tal y como explica el consejero, se busca que este instrumento sea más utilizado, ya que hasta ahora solo se han presentado dos —una, relativa al ferrocarril Santander-Mediterráneo (en el año 2002) y, otra, sobre hipotecas de bienes inmuebles (2001)-, y ambas decayeron en su tramitación—.
La nueva norma consta de 18 artículos, frente a los 11 anteriores, y, además de las novedades anteriores, establece una mayor sencillez y claridad en la tramitación mediante trámites sencillos y precisos y asegurando los servicios jurídicos del Parlamento para asesorar a los promotores de la iniciativa.
Además, a diferencia de la anterior en la que no se permitía, serán los promotores quienes defiendan la iniciativa en el debate de toma en consideración de la misma. Se permite también la presencia en las comparecencias informativas de los agentes sociales y de las organizaciones interesadas en la regulación, así como asistir tanto a las reuniones de Comisión donde se debata el dictamen de la proposición como al debate final en el Pleno.
También se establece una indemnización para cubrir los gastos realizados en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas por parte del grupo que la impulse. Esta indemnización, ya contemplada en la norma de 1985, cubrirá hasta un máximo de 0,60 euros por firma, con el límite máximo de 3.000 euros. Esta cantidad será actualizada periódicamente por la Mesa del Parlamento atendiendo a las variaciones del índice de precios de consumo.
Esta medida se enmarca en la política del Gobierno destinada a facilitar y promover la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social y “fomentar la democracia participativa”. En esta línea, ha recordado la recuperación del Consejo Económico y Social de Cantabria, la puesta en marcha del Portal de Transparencia, la presentación de la Ley de Transparencia y la creación de una unidad administrativa especializada en este ámbito.
El Gobierno de Cantabria asegura que se avanza, con la tramitación de esta norma, en el impulso a la participación de la ciudadanía. Se suma al proyecto de creación del Consejo Económico y Social, al marco normativo de transparencia y, de forma inminente, la regulación de la atención a la ciudadanía que actualizará el funcionamiento del registro.
Todas estas normas son, según Rafael de la Sierra, preámbulo de un proyecto que “irá mucho más allá” con la elaboración de la norma autonómica sobre participación ciudadana, realizada desde la experiencia de los espacios de participación que estamos poniendo en marcha y adaptada al tamaño de la administración.
Se trata de una normal en la que, según De la Sierra, se buscará conseguir un “amplio consenso social” mediante la participación de los agentes sociales y de la ciudadanía en general, así como desde la experiencia de las políticas que se vienen implantando.
Próximamente, el Gobierno acometerá la reforma de la Oficina de Atención a la Ciudadanía para prestar un servicio de “mayor cercanía, calidad y agilidad” y se asistirá al ciudadano en todos los trámites telemáticos en las nuevas oficinas de asistencia en materia de registro que se crearán tras la entrada en vigor de la ley de régimen jurídico del Gobierno, ya en trámite parlamentario.
La Consejería de Presidencia también mejorará el Portal de Participación Ciudadana, integrado en el Portal de Transparencia.
Se trata pues, a juicio del consejero, de iniciativas que darán un “importante impulso” a la participación de la ciudadanía de Cantabria en la vida política y gestión pública, lo que, garantiza “en mayor medida” el éxito de las iniciativas del Gobierno de Cantabria.
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