Alerta en Canadá sobre la calidad del agua de bebida por ‘fracking’

‘The Council of Canadians’, veterana organización social que lleva más de 30 años luchando por la energía renovable, la salud pública y las aguas limpias en Canadá, difundió ayer el informe ‘On Notice for a Drinking Water Crisis’, elaborado por Emma Lui, en el que se desvela que el país ha registrado 1,838 alertas sobre el agua de bebida.

El documento recoge que hasta enero hubo 1.838 alertas sobre la calidad del agua potable en todo el país y que con la expansión de las arenas bituminosas, las tuberías, la minería, el ‘fracking’, las plantas embotelladoras de agua, el cambio climático y la escorrentía agrícola, se pueden esperar aún más avisos.

La organización cree que el Gobierno de Canadá implementa cambios ‘radicales’ en las leyes ambientales y se eliminan las salvaguardias fundamentales para la protección del agua en Canadá.

Lui afirma que el gobierno y las empresas están poniendo en riesgo el agua de bebida al promover el ‘fracking’ y otras actividades nocivas para el medio ambiente. En el informe se recoge el caso de British Columbia, una de las zonas con mayor actividad de ‘fracking’, que ha vivido un verdadero ‘boom’ de proyectos de fractura hidráulica que podrían poner en peligro ríos, lagos y aguas subterráneas en riesgo de contaminación por los pozos.

En esa zona, la corporación Encana ha pedido retirar 10 millones de litros de agua por día – aproximadamente la cantidad promedio de agua utilizada por 30.000 personas en Canadá por día – desde Fort Nelson River para su proyecto de ‘fracking’.

El proyecto, que cuenta con la fuerte oposición de la comunidad, ‘causará un serio impacto en el río’, y esta multitud de proyectos en tramitación, podría alimentar más de 18 plantas Gas Natural Licuado (GNL) a lo largo de la costa oeste. Esto podría hacer perder miles de millones de litros de agua dulce y tener serios impactos en el salmón salvaje, en los ríos y ambientes marinos.

En Cantabria, la técnica del ‘fracking’ fue prohibida por unanimidad en el Parlamento de Cantabria, si bien esta ley quedó sin efecto al ser recurrida por el gobierno de España.