Afectados por sentencias de derribo recuerdan que han vivido durante décadas en una ‘inseguridad jurídica’ permanente

Afectados por sentencias de derribo, pertenecientes a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), han valorado hoy las palabras de la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, quien considera que la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo contiene determinados aspectos que pueden generar cierta «inseguridad jurídica».

Así lo ha indicado en la Memoria Fiscal 2010, presentada el jueves ante el Parlamento regional, un acto en el que la fiscal ha aclarado que aunque estos aspectos son «limitados» pueden ser un «elemento distorsionador a la hora de enfocar una determinada conducta».

Desde la Asociación AMA han recordado su respeto a los órganos jurisdiccionales, y su apoyo para que se les dote de los medios necesarios para realizar su labor. Además, apuntan que AMA valoró positivamente en su día la aprobación por el Parlamento de la Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, pero aseguran no recordar que la Fiscalía, pese a existir 30 sentencias firmes que condenaban a las Administraciones Públicas, haya mencionado la inseguridad jurídica que existía en nuestra comunidad, demostrada por las más de 4000 personas afectadas por esa situación, y que ha producido y está produciendo ‘importantes daños’ a cientos de familias.

En este sentido, AMA afirma haber vivido durante décadas en una ‘inseguridad jurídica’ permanente, ya que sus viviendas han sido condenadas al derribo, y las familias afectadas no han podido ‘ni defenderse, no han podido ni ser parte en los procesos judiciales’.