Afectados por sentencias de derribo reclaman como una necesidad ‘imperiosa’ los cambios legislativos
- Cantabria
David Laguillo
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La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) que agrupa a las familias afectadas por sentencias de derribo en Cantabria ha asegurado que es hoy nadie duda que la situación de los desahucios necesita una reforma para acabar con ese drama social que además de mandar a la exclusión a muchas familias incluso esta acabando con la vida de alguna de ellos.
«Realizar una normativa que protege desmesuradamente a las entidades financieras frente a las familias ha productivo tanto daño y rechazo social que al final vemos como los legisladores tienen que cambiar la misma. No se puede legislar contra la razón, la justicia y los ciudadanos», afirma AMA en un comunicado.
En este sentido, la asociación relaciona la situación de los desahucios con las sentencias de derribo. ‘Es un desatino y una vergüenza social, política y jurídica que los culpables sean las Administraciones Públicas quienes tienen el deber y la obligación de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos por mandato constitucional, y que estas Administraciones sean las que maltratan a los ciudadanos’, añade AMA.
Además, AMA recuerda que el Gobierno de Cantabria, los Ayuntamientos implicados y el Parlamento han reconocido públicamente ‘su culpa y responsabilidad’, reiterado varias veces la petición de perdón a las víctimas y han intentado mediante una reforma de la Ley del Suelo aprobada y apoyada por todos los Parlamentarios de Cantabria, el 4 de abril de 2011, la citada norma es un intento de reparar el grave daño causado, con el fin de que estas familias maltratadas durante décadas por las Administraciones Públicas no perdieran su patrimonio y sobre todo con el fin social de que estas situaciones tan injustas nunca más se pueden producir en nuestra Comunidad.
AMA espera que el Tribunal Constitucional tenga la sensibilidad social que otros no han tenido. ‘Es totalmente necesaria una legislación donde algo tan básico como el que infringe la ley pague por ello, y a la víctima se le repare el daño causado’.
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