Martínez considera que de la documentación de la CNC puede desprenderse la existencia de una infracción penal porque varias empresas pactaron para repartirse el mercado del asfalto en Cantabria.
Las empresas se habrían estado repartiendo durante años las licitaciones públicas y privadas de asfaltado de obras de conservación, mejora, refuerzo, renovación, rehabilitación, construcción de firmes y plataformas de carreteras, autovías, etc., en total más de 900 obras convocadas por el gobierno de Cantabria o por los ayuntamientos, incluyendo al Ayuntamiento de Torrelavega.
Las empresas integrantes de este ‘cártel’ se denominan a sí mismas G5, y tienen un número de identificación del 1 al 5: Arruti es el ‘1’, Ascan el ‘2’. Asfin el ‘3’, en tanto que a Emilio Bolado y Acansa se asigna el ‘4’. El ‘5’ es Senor. Según la documentación existente, se inicia el reparto en 1998, si bien consta acreditado que en 2006 el personal directivo de alto nivel de estas empresas se reunió y acordó repartirse entre ellas las obras conforme a unos porcentajes, y a partir de entonces las reuniones son numerosas, así como los cruces de correos electrónicos, pactando y acordando prácticamente todas las licitaciones públicas de Cantabria. La documentación que acredita dichas reuniones y acuerdos se encuentra, conforme relata la Resolución de la CNC, adjunta al expediente tramitado.
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