2014 fue un ‘año muy duro y cruel’ para las familias afectadas por sentencias de derribo

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) que agrupa a familias afectadas por sentencias de derribo en Cantabria, ha realizado un balance del año 2014, que valoran como año ‘muy duro y cruel’ con las cientos de ‘familias inocentes’ en Cantabria, como consecuencia de las sentencias de derribo, que condenan a las Administraciones Públicas.

Los datos son demoledores, este año ha estado marcado por tres hitos muy negativos, ‘los peores en mucho tiempo’, como son la pérdida de aproximadamente 2/3 patrimonio de las familias por la sentencia de Pepín Cano en Argoños, inspirada por los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, algo que ha dejado ‘desoladas’ a las familias.

Además la doctrina de la desviación de poder que ha esgrimido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y que supone un grave impedimento para posibles regularizaciones o legalizaciones en la sentencia de la urbanización Munargo, a lo que se suma también la cuestión de inconstitucionalidad que plantea por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC a las Autorizaciones Provisionales, que pone en cuestión las leyes del Parlamento de Cantabria y que en tres años es la segunda vez que se plantea esta Cuestión de Inconstitucionalidad a medidas que intentan reparar el daño causado a cientos de familias.

En el apartado positivo, las posibles modificaciones legislativas a nivel estatal que protejan al tercero de buena fe, tal y como ya pidió la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo al reino de España, cuando la Asociación AMA llevó el problema de las sentencias de derribo en Cantabria ante la misma en 2009, pero nunca se han tomado medidas para seguir esas recomendaciones.

AMA también señala los posibles convenios del Gobierno de Cantabria con los afectados por urbanización, ‘que con importantes lagunas, desde nuestro punto de vista’, sin embargo AMA lo considera el principal avance del Gobierno de Cantabria en esta materia.