El Ayuntamiento acusa a Amparo de intentar imponer su voluntad frente al interés general
El Consistorio ha censurado el comportamiento que ha tenido hoy un grupo de personas impidiendo el normal desarrollo de los trabajos para construir una infraestructura de carácter estratégico para la ciudad de Santander, como es la conexión transversal entre la S-20 y la Avenida de los Castros, a la altura de Camilo Alonso Vega
Las obras se han detenido ante la presencia de los manifestantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Ha lamentado, además, que esta mañana la maquinaria de la obra haya aparecido con destrozos, como cristales rotos, pintadas, daños en radiadores y latiguillos manipulados
Ha hecho hincapié en que el juez denegó la suspensión cautelar de la expropiación y dejó patente en su auto que esta medida, que reclamaba la propietaria, “afectaría gravemente al interés general”
Amparo Pérez, propietaria de la finca, ve injusta la expropiación valorada en unos 80.000 euros
El Ayuntamiento de Santander ha rechazado este martes lo que tacha como ‘actitud antidemocrática’ y el intento de imponer, ‘por razones políticas y económicas’, la voluntad de una sola persona por encima del ‘interés general’ de los cerca de 180.000 santanderinos a los que va a beneficiar la ejecución de la conexión transversal entre la Avenida de los Castros y la S-20.
El Consistorio ha censurado el comportamiento que ha tenido hoy un grupo de personas impidiendo el normal desarrollo de los trabajos para construir una infraestructura de carácter estratégico para la ciudad de Santander, como es la conexión transversal entre la S-20 y la Avenida de los Castros, a la altura de Camilo Alonso Vega.
Ha lamentado, además, que esta mañana la maquinaria de la obra haya aparecido con destrozos, como cristales rotos, pintadas, daños en radiadores y latiguillos manipulados. El Ayuntamiento ha reiterado su rechazo a este tipo de conductas, que únicamente demuestran ‘falta de civismo y un talante antidemocrático’ que se circunscribe a un ‘pequeño grupo de personas y que condenan una inmensa mayoría de los vecinos de Santander’, señala el consistorio en un duro comunicado.
Asimismo, ha remarcado los, a su juicio, ‘intereses políticos’ que mueven a muchos de quienes participan en estos actos, entre los que se encuentran ‘representantes de partidos políticos con sus propios intereses’ de cara a situarse ante próximas citas electorales, por lo que ‘pretenden convertir en un caso mediático lo que es una expropiación que ha seguido todos los cauces administrativos y legales oportunos, tal como ha ratificado el juzgado’.
El Ayuntamiento recuerda que el juez denegó la suspensión cautelar de la expropiación y dejó patente en su auto que esta medida, que reclamaba la propietaria, “afectaría gravemente al interés general en dos aspectos: de un lado el retraso que conllevaría la ejecución de una obra pública cuando no existe defecto alguno en las distintas fases del procedimiento expropiatorio, así como en los perjuicios económicos”.
Por otro lado, se encuentran los intereses económicos de la propietaria de la vivienda expropiada y sus familiares, que reclaman una indemnización superior a la fijada por el jurado de expropiación, que asciende a 80.000 euros, y que es a la que se tiene que atener el Ayuntamiento.
“Estamos ante el intento de una persona de imponer, frente al interés de todos, su voluntad de obtener una indemnización mayor de la establecida”, ha subrayado el Ayuntamiento, que ha insistido en que las 38 expropiaciones restantes que ha sido necesario llevar a cabo para este proyecto se han producido con total normalidad.
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