#AmparoSeQueda reúne a 150 personas para apoyar a Amparo Pérez
- Cantabria
David Laguillo
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- El Ayuntamiento de Santander, por su parte, carga en un duro comunicado contra la PAH acusándola de querer «engañar a los ciudadanos» y a Amparo la acusa de querer más dinero por su vivienda
Esta mañana, unas 150 personas han acudido al acto #StopDesahucios en casa de Amparo Pérez de 86 años. A las 9.15 horas se ha personado un funcionario del ayuntamiento junto a la policía local y han preguntado a la familia si voluntariamente permitían la ocupación de la finca y la vivienda, a lo que se ha respondido que no, abandonando la comisión el lugar de inmediato.
La plataforma #AmparoSeQueda denuncia las ‘mentiras’ del Alcalde, Íñigo de la Serna, que según este colectivo firmó un decreto donde decía que hoy los servicios técnicos municipales y de la empresa adjudicataria iban a ocupar la vivienda y le daban a los habitantes 15 días para irse y desalojar los enseres. ‘En ningún momento se decía que el acto de hoy era voluntario, omitiendo el artículo 18.2 de la CE y por el lenguaje técnico usado nos daba la sensación de que iba a producirse un desahucio ilegal’, señalan en un comunicado.
‘El acto de hoy ha sido un acto de apoyo para demostrar que Amparo no está sola, ni lo estará en el futuro, no una “acampada mediática”, y, aunque el Alcalde intente desviar el asunto, ha sido él quien ha amenazado con ocupar hoy la vivienda, nadie más’, agrega el colectivo.
‘Este es el comienzo de una largo camino, esperaremos a que vuelvan con una orden judicial y volveremos a responder, estaremos en los actos del mundial de vela, informaremos sobre esta obra a los vecinos de la zona, coste y necesidad de este vial, lucharemos todas y todos juntos. A Íñigo de la Serna no le saldrá gratis desahuciar a Amparo’, apunta la PAH.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santander recalca -a través de un duro comunicado contra la PAH y Amparo- que, tal como ya había advertido, la acampada en la vivienda afectada por las obras de la conexión transversal de la S-20 es un acto de ‘propaganda’ de la PAH que pretendía únicamente hacer creer que se ha conseguido paralizar el proceso de expropiación, cuando no es así, trasladando una imagen falsa de lo que es el procedimiento.
Los servicios técnicos municipales han acudido esta mañana a la vivienda, en torno a la cual se encontraban ‘menos de 50 personas’, según el consistorio a esa hora, incluidos los familiares de la propietaria.
‘En ningún caso, estaba previsto hoy el desalojo de la propietaria, ni se ha impedido nada ya que, tras comprobar que no se ha desocupado la vivienda en el plazo establecido, el Ayuntamiento continuará los trámites habituales para una expropiación, como es este caso, y, por tanto, dará traslado al juez de este hecho’.
‘El Ayuntamiento reitera que lo que pretende la propietaria es obtener más dinero por su vivienda’, tal como han trasladado sus familiares tanto públicamente como personalmente en el Ayuntamiento y así es el recurso que presentaron al jurado de expropiación, que ha sido desestimado por el jurado.
El Ayuntamiento no puede, en ningún caso, consignar otra indemnización que no sea la que ha fijado el jurado de expropiación.
‘El equipo de gobierno municipal reclama a la PAH que no trate de engañar a los ciudadanos de Santander tergiversando la realidad’ al calificar como desahucio algo que está muy lejos de serlo, puesto que se trata de un proceso expropiatorio como tantos otros que se han llevado a cabo en la ciudad, y que ha seguido todos los cauces legales y procedimientos administrativos, como así ha sido ratificado por el juzgado.
En este sentido, recuerda que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander ha rechazado la suspensión cautelar de la expropiación, en un auto judicial que “echa por tierra las falsedades que está vertiendo la plataforma”.
El auto judicial ratifica el carácter estratégico para la ciudad de la conexión entre la S-20 y la Avenida de los Castros, al considerar que la suspensión cautelar de la expropiación “afectaría gravemente al interés general” y certifica que “no existe defecto alguno en las distintas fases del procedimiento expropiatorio”.
Por ello, el equipo de gobierno remarca que, en ningún caso, se están vulnerando los derechos de la propietaria y subraya que el Ayuntamiento defiende el interés general y los derechos de los vecinos de la ciudad, ejecutando una infraestructura que es estratégica desde el punto de vista de la movilidad.
Se trata de un proyecto estratégico en materia de movilidad sostenible, en el que se prevé una circulación de 5,5 millones de vehículos al año, que reducirá considerablemente los trayectos de viaje en la ciudad y conformará un nuevo itinerario peatonal y de bicicletas para atravesar la vaguada de Las Llamas.
El vial proyectado conectará las dos glorietas ya construidas y puestas en servicio; una en la intersección de la Avenida de los Castros con la calle Camilo Alonso Vega, y la otra en la S-20 a la altura de la calle Antonio de la Dehesa.
El consistorio también recuerda que el auto dictado por el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo establece que “la desaparición de la vivienda guarda relación de causalidad con las propias determinaciones del PGOU, que califica el vial en construcción como un sistema general municipal y prevé su obtención mediante expropiación”, algo que la propietaria conoce desde hace alrededor de 15 años.
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