UGT y CCOO inician sus movilizaciones contra la persecución al derecho de huelga y a la libertad sindical

Unas 300 personas secundaron hoy ante la Delegación del Gobierno en Cantabria la concentración de protesta convocada por UGT y CCOO en su campaña nacional “No nos van a callar”, en la que se rechaza la persecución al derecho de huelga y a la libertad sindical y que 260 representantes de ambos sindicatos tengan en la actualidad causas judiciales pendientes por las que la Fiscalía pide 120 años de cárcel.

La movilización de hoy, convocada a la misma hora en las principales ciudades españolas, tendrá continuidad con “otras acciones porque vamos a seguir en la pelea, aunque nos persigan”, subrayaron los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, con la presencia también de los secretarios confederales de Acción Sindical de ambos sindicatos, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que intervinieron horas antes en un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Según precisó la responsable regional de UGT, “estamos hoy aquí en respuesta a un evidente atentado a la libertad sindical y a sindicalistas deliberadamente escogidos para ser encausados judicialmente porque lo que pretenden es que sea una medida ejemplarizante”.

“Han perseguido los derechos y las relaciones laborales, han deteriorado hasta el máximo extremo el trabajo y al ciudadano en lo económico y lo social y por lo que se ve ahora quieren deteriorar también al ciudadano en lo democrático”, recalcó María Jesús Cedrún, para quien el objetivo del Gobierno “es meter miedo a todo aquel que quiera mostrar su descontento en la calle o pretenda defender derechos fundamentales colectivos”.

La secretaria general de UGT en Cantabria exigió la derogación del artículo 315 del Código Penal por el que se ha encausado judicialmente a los 260 sindicalistas, tras matizar que “ya es casualidad que este artículo no se haya utilizado nunca hasta ahora desde que se implantó en 1995”.

La sindicalista aludió a un reciente comunicado de la asociación de inspectores de trabajo progresistas, en el que cuestionan que a los sindicalistas se les aplique el Código Penal cuando, según recalcó Cedrún, “los propios inspectores de trabajo puntualizan que tiene muchos expedientes abiertos a empresas por coartar el derecho de huelga de sus trabajadores que habitualmente se quedan en nada o como mucho se remiten al Juzgado de lo Social”.

Defensa del derecho al trabajo y el de huelga

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, quien recordó que “los sindicatos no defendemos el derecho al trabajo un día de huelga, sino que defendemos el derecho al trabajo en un día de huelga y en los demás días del año”.

Sánchez rechazó que “la defensa de los derechos de los trabajadores se haya elevado a categoría de delito y que tengamos que recurrir a la figura del indulto para que no cumplan condena personas que sólo han defendido derechos fundamentales colectivos y que son tratados como delincuentes”.

“Estamos aquí única y exclusivamente para defender derechos fundamentales y constitucionales como el derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical”, agregó el secretario general de CCOO en Cantabria, quien reafirmó la intención de ambos sindicatos de proseguir “con esta pelea hasta donde sea necesario”.

Por su parte, los secretarios confederales de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que se incorporaron a la concentración tras sus conferencias en la UIMP, reiteraron que el objetivo principal de las movilizaciones es que “el Gobierno cambie de actitud y se respete el derecho de huelga y el de la libertad sindical”.

Ferrer insistió en la reivindicación de ambos sindicatos de derogar el artículo 315 del Código Penal que “hace prevalecer el falso derecho del trabajo sobre el derecho de huelga”, tras subrayar que “no estamos defendiendo cualquier cosa, lo que estamos defendiendo es un derecho constitucional como es el derecho de huelga y un derecho a la libertad sindical amparado por todos los organismos internacionales”.

Para Ramón Górriz, las movilizaciones iniciadas hoy por los dos sindicatos de clase responden a “la tercera fase de la ofensiva del Gobierno; que primero recurrió a la reforma laboral para recortar derechos laborales y deteriorar el trabajo; luego atacó con la restricción de derechos en la sanidad, la educación y los servicios sociales; y ahora arremete contra los derechos de los sindicatos después de una profunda campaña de deslegitimación contra ellos”.