El Ayuntamiento justifica el desalojo de una anciana en el «interés general»
- Santander
David Laguillo
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El Ayuntamiento de Santander ha justificado que el desalojo de Amparo se trata de una actuación, contemplada en el PGOU; el Plan Estratégico Santander 2020; el proyecto de desarrollo de la vaguada de Las Llamas “Santander Ya +” y en el Plan de Movilidad Sostenible de Santander, caracterizados, todos ellos, ‘por su amplia participación pública’
La ejecución de esta nueva infraestructura se inició en el año 2010 y se ha llevado a cabo por los servicios técnicos municipales de una manera ‘escrupulosa’, justifica el consistorio y ha incluido 39 propiedades, de las cuales 3 eran viviendas, sin que haya existido ‘incidencia alguna’ en el proceso
El Consistorio ha sido y seguirá siendo el primer defensor de los derechos de la propietaria de esta vivienda afectada por esta infraestructura, ‘pero no permitirá que se pisoteen los derechos del resto de los vecinos del municipio de disponer de un vial absolutamente necesario para mejorar su calidad de vida’, afirma en un comunicado
27, junio, 14.– El Ayuntamiento de Santander ha recalcado hoy que la nueva conexión entre la S-20 y la Avenida de los Castros es un proyecto estratégico, de ‘interés general’, para la ciudad, contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1997, así como en el nuevo PGOU, en vigor desde septiembre de 2012. El consistorio santanderino justifica así el desalojo de Amparo, una anciana de 86 años que ha recibido el apoyo de más de un centenar de personas integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El ayuntamiento afirma que se trata de una actuación recogida por el Plan Estratégico Santander 2020; en el proyecto de desarrollo de la vaguada de Las Llamas “Santander Ya +” y en el Plan de Movilidad Sostenible de Santander, dentro de la mejora de las conexiones Norte-Sur y que se está siguiendo un proceso ‘perfectamente reglado’, en base a la legislación vigente.
También recuerda que el expediente municipal para la obtención de los terrenos, que se inició en el año 2010, se ha llevado a cabo por los servicios técnicos municipales de una manera escrupulosa y ha incluido 39 propiedades, de las cuales 3 eran viviendas, sin que haya existido ‘incidencia alguna’ en el proceso.
El Ayuntamiento de Santander afirma que no ha tenido constancia, en ningún momento, de alegaciones, sugerencias o comentarios al respecto, ni por la propietaria de la vivienda situada en los terrenos en los que se va a construir el vial de conexión entre la S-20 y la Avenida de la Constitución, ni por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Al igual que en el resto de los casos, la propietaria de la citada vivienda ha sido indemnizada con el valor de la misma y el resto de los bienes afectados, estableciéndose por parte del Jurado de Expropiación y no por el Consistorio santanderino, una valoración que asciende a 79.000 euros y que ya está depositada en la Caja General para que pueda disponer de ella cuando lo considere oportuno.
Asimismo, el Ayuntamiento de Santander le ha ofrecido, en más de una ocasión, la posibilidad de acceder a una vivienda sin estrenar y dotada de garaje y trastero, valorada a precio de VPO en 89.000 euros, una opción que no ha sido aceptada por la propietaria y su familia.
La propietaria de la vivienda situada en los terrenos donde se construirá este nuevo vial estratégico conocía desde hace más de 15 años este proyecto, así como la situación de fuera de ordenación en la que se encuentra dicho inmueble.
Por todo ello, el Consistorio santanderino ‘rechaza rotundamente cualquier parecido de este proceso con un desahucio’ y añade que no tiene absolutamente nada que ver al no existir ni un solo punto de similitud con un proceso de desahucio administrativo.
Se trata del mismo procedimiento reglado de siempre, igual que todos los que se han llevado a cabo por la Administración Local para ejecutar todo tipo de infraestructuras.
El Ayuntamiento de Santander ‘ha sido y seguirá siendo el principal defensor de los derechos de esta propietaria’, pero añade que ‘no permitirá que se pisoteen los derechos del resto de los vecinos del municipio’ de disponer de un vial absolutamente necesario para mejorar su calidad de vida ‘por el hecho de que una persona tenga la legítima pretensión de recibir más dinero del legalmente establecido’, afirma.
En este sentido explica que si una persona está en desacuerdo con la valoración económica realizada por el Jurado de Expropiación existen métodos legalmente establecidos para reclamar una revisión de la misma, pero, en ningún caso, debe recurrirse a otros procedimientos.
El Consistorio santanderino ‘condena y rechaza cualquier forma de presión sobre los funcionarios municipales y los responsables políticos’ para tratar de alterar y cometer un ‘flagrante acto de prevaricación’ a favor de un particular la indemnización establecida por el Jurado de Expropiación ya que éste ha sido fijado de acuerdo a los criterios legalmente establecidos al efecto.
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