Trabajadores sociales se disculpan por no poder tramitar en plazo la renovación de la Renta Social Básica
- Cantabria
David Laguillo
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Un grupo de veinte trabajadores sociales y educadores de los Servicios Sociales Municipales de Santander, ha transmitido a los ciudadanos afectados por la extinción de la Renta Social Básica sus disculpas por no poder atender sus peticiones de informe social en el plazo que les indican desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)
Este colectivo de trabajadores aclara que no se niegan a realizar ‘el trámite que nos compete’ pero rechazan la presión que supone ‘hacernos casi responsables de la renovación de una prestación básica mediante la elaboración de un informe en un tiempo imposible’ porque las escasas dos semanas que han dado desde el ICASS (entre el 19 de mayo a 2 junio) para hacer unos 800 informes, suponen otras tantas entrevistas personales. ‘Y existe la posibilidad de no localizarlos en el plazo indicado por cambios de domicilio, de teléfono’, señalan.
También denuncian la ‘falta de voluntad’ de los responsables del ICASS que en junio de 2012 ya conocían que una de las modificaciones de la Renta Social Básica era que la duración sería de 2 años. Por lo tanto han tenido tiempo ‘suficiente para planificar y comunicar’ tanto a los beneficiarios de la prestación como a los trabajadores sociales de base, encargados de la elaboración del informe, cuándo y cómo se efectuaría la “ampliación o renovación”.
El Artículo 42.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992 de 26 de noviembre dice que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”.
Debido al enorme perjuicio que la aplicación de esta medida va a suponer para un importante número de personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social al verse privados de esta prestación básica a partir del próximo mes de junio, estos trabajadores proponen como solución que no se ejecute la extinción de la Renta Social Básica de manera inmediata hasta que desde el ICASS se compruebe si los actuales perceptores de esta prestación siguen cumpliendo los diversos requisitos para continuar beneficiándose de la misma sin que exista además ningún periodo de carencia en el cobro.
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