El PP cántabro lleva al Senado la preocupación por la adicción de los jóvenes al juego, internet y videojuegos
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David Laguillo
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La senadora por Cantabria, Elena Castillo, destaca a la familia como un elemento trascendental en la prevención de estas adicciones
El Partido Popular expresó en el Senado su preocupación por la creciente adicción de los jóvenes al juego, internet y videojuegos, y en este sentido instó al Gobierno de España a tomar medidas preventivas.
La senadora por Cantabria del PP, Elena Castillo, afirmó durante su intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Adicciones, de la que es portavoz adjunta, que su formación política «siempre apoyará medidas preventivas y correctoras para frenar situaciones en las que el juego se convierte en el centro de la vida de una persona, causando daño a ella misma y a su entorno familiar, personal o profesional».
La parlamentaria cántabra criticó la ‘inacción’ del Gobierno que, según dijo, «lleva 7 años en el poder y no ha hecho del juego y sus afectados una prioridad». Castillo aprovechó para instar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a eliminar las actividades de juego online ilegales en España y exigió a la Dirección General de Ordenación del Juego acciones efectivas para lograr este objetivo.
En su turno de defensa de una iniciativa que sitúa a la familia como un elemento ‘trascendental’ en la prevención de estas adicciones, a la que se sumó Vox, destacó la importancia de la familia en la detección temprana de comportamientos o síntomas de ludopatía en los adolescentes.
Por ello afirmó que si el Gobierno de Sánchez quiere ayudar a las familias, «debe destinar recursos públicos para promover la formación en el entorno familiar y establecer un servicio telefónico gratuito que brinde atención permanente a las víctimas de esta adicción y a sus familias».
La senadora indicó también que el Gobierno central debe coordinarse con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como con los representantes de los afectados y los profesionales sanitarios.
La iniciativa aprobada insta al gobierno a lanzar campañas de comunicación institucional útiles, realizar estudios desde el prisma de la salud pública y coordinarse con las Comunidades Autónomas, las diputaciones provinciales, los afectados y las asociaciones, proporcionando mayores recursos tecnológicos y humanos.
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